El Partido Popular de Lalín cargó ayer duramente contra el gobierno municipal por practicar una política "sectaria y caciquil", que, a su juicio, deja en evidencia su marchamo de ejecutivo transparente y abierto a la ciudadanía. Su portavoz local, Javier Blanco, compareció en la sede popular para enjuiciar lo que considera prácticas que, si bien pueden ser legales, están alejadas de unos principios éticos.

Aunque dejará para más adelante la supuesta lista de "purgados" por el cuatripartito, Blanco Carballal sí quiso incidir en que el gobierno favorece a empresas o a vecinos afines con contratos municipales. Puso como ejemplo el de la sociedad Solarel, cuyo administrador, dijo, forma parte del equipo de Compromiso por Lalín (CxL), agrupación del alcalde, Rafael Cuíña. Tras repasar la documentación, el PP concluye que la firma dedicada a reparaciones o mantenimiento de sistemas eléctricos fue adjudicataria de contratos, entre 2016 y lo que llevamos de año, por 34.300 euros. Esta cuantía se desglosa en facturas por valor de 6.738 euros en 2016 y 13.639 y 13.960 euros en las dos anualidades siguientes.

Además de advertir de que las sumas están bordeando la permisividad del contrato menor, Blanco destacó que esta empresa es claramente beneficiada respecto de otras del sector. También puso el acento en que de las facturas presentadas por esta adjudicataria, 33 llegaron con reparos de los servicios de Intervención y 8 de ellas se llevaron a pleno con las mismas características. La primera advertencia -las hubo de los tres interventores- de la necesidad de licitar este tipo de servicios llegó en noviembre de 2015, pero, insiste Blanco, el ejecutivo no modificó esta práctica. "Estamos hablando de ética, si viésemos algo ilegal lo diríamos o lo podríamos en manos de alguien. Este gobierno predica una cosa y la realidad es que día a día hace lo contrario", indicó. También aludió a lo acontecido en el último pleno, cuando su partido propuso una modificación administrativa para que la responsabilidad de pagar facturas por servicios prestados recaiga en el gobierno y no en el conjunto de la corporación.

El portavoz local del PP reconoce que en estas denuncias públicas pesan cuestiones como los permanentes ataques o amenazas al exalcalde José Crespo o la denuncia presentada por APAC contra él y contra el conselleiro Román Rodríguez por supuestas irregularidades en la gestión municipal.

La "pulcritud" de la plataforma electoral que tiene a Lara Rodríguez Peña como representante en el consistorio también quedaría, para Javier Blanco, en entredicho tras haber contratado a Sabela López Pato el anteproyecto del plan de musealiación del Museo Galego da Marioneta por un importe de 3.630 euros. Entiende que el proyecto definitivo, para el que había una reserva de fondos de 43.000 euros, nunca llegó a concretarse porque quizá los técnicos municipales advirtieron de que se estaría ante un caso de fraccionamiento de contratos. "Estamos esperando que Irene Montero [en alusión a Peña] de explicaciones", dijo, y apuntó que el PP siempre pensó que este trabajo debió ser ejecutado por Viravolta.

Tras las llamadas de atención a CxL y APAC, Blanco apuntó al PSOE y el BNG fue el único partido que se libró de sus críticas. Señaló que es conocido en la calle que hay una persona próxima al teniente de alcalde, Nicolás González Casares, que está en la brigada de Obras y que antes había participado en un taller de empleo. O que otra parienta suya fue contratada por 8 meses en Servicios Sociales y luego ganó una plaza temporal como auxiliar del plan DUSI en un proceso que concluyó con la presentación de una reclamación por parte de otro aspirante.