La plataforma vecinal contraria a la puesta en marcha de una antena de telefonía móvil en el número 14 de la avenida Benito Vigo de A Estrada acordó en su asamblea semanal de la noche del viernes hacer un llamamiento a los vecinos de la villa estradense a secundar con su asistencia la petición de explicaciones sobre el estado del procedimiento instruido por el Concello en relación con el dispositivo que proyecta realizar, aprovechando el turno de participación ciudadana, al final del próximo pleno ordinario del jueves 7 de junio.

Los integrantes de la plataforma pretenden obtener así información de primera mano al respecto. Proyectan acudir a la sesión plenaria acompañados por el abogado de la plataforma, Paulo López Porto. Será este quien se encargue de plantear preguntas al respecto.

Y es que, según señalan desde el colectivo -tal y como informaron a mediados de abril- el plazo otorgado por el Concello para que la firma de telecomunicaciones que pretende activar la antena -ya instalada sobre la cubierta del citado edificio número 14 de Benito Vigo- la ajuste a la normativa vigente expiró el pasado día 14 de mayo. Y pretenden saber si la compañía dio algún paso al respecto y cuál será el próximo que proyecta dar el Concello.

La plataforma no quiere que se realicen ajustes en la antena sino que urge la retirada del dispositivo porque sus integrantes reiteran su convicción de que sus efectos serían nocivos para la salud, razón por la que en su día decidieron emprender la realización de mediciones de los campos electromagnéticos para determinar si se estaban "rebasando los límites de exposición establecidos legalmente así como los indicados por el Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud".

Cabe recordar que entonces también presentaron un escrito al Concello pidiendo que la propia administración local colocase aparatos de medición de dichos campos electromagnéticos ya que el colectivo entiende que sus efectos podrían llegar incluso a triplicar el riesgo de padecer cáncer entre quienes se exponen a ese tipo de radiación durante 5 años en el radio de afección "intensa" de la antena (400 metros a la redonda).

Ese radio ya fue identificado por el colectivo a principios de marzo con una foto aérea que lo delimitaba con nitidez, etiquetando edificios o espacios públicos significativos -como el CEIP Pérez Viondi, la Praza da Farola, el centro de salud o la gasolinera BP- a fin de que le sirviesen a los usuarios como punto de referencia para descubrir que sus viviendas o negocios estaban radicados dentro de ese círculo rojo en el que también se engloban la guardería de Benito Vigo, la residencia de mayores, el ORAL o Hacienda. Pese a todo, la plataforma incide enque el radio de afección real del dispositivo es mucho mayor, llegando a alcanzar hasta los dos kilómetros.

Y, mientras sigue recabando firmas y argumentos en contra de la antena (buscando referencias judiciales y médicas contrarias a este tipo de antenas y a sus hipotéticos efectos nocivos sobre la salud), advierte a los dueños del inmueble sobre el que está instalada de su responsabilidad subsidiaria.

Señala que "el hecho de que las propias compañías aseguradoras excluyan" de sus coberturas "los ririesgos asociados a campos electromagnéticos, protegiéndose así de las posikbles demandas de responsabilidad debería ser indicativo suficiente de la falsa o no tan clara inocuidad de dichas radicaciones", apunta citando el artículo 27 de una resolución del Parlamento Europeo del 2 de abril de 2009. Hace notar que esa exclusión de las coberturas de de las aseguradoras de los riesgos asociados a campos electromagnéticos "indica que las compañías optan por el principio de cautela" de modo que "en caso de una posible reclamación sean aquellos que se han lucrado y obtenido beneficios por la instalación de dicho producto (independientemente de que el producto y servicio hayan sido legalizados) los que se deberán hacer cargo de posibles indemnizaciones", agrega, citando sentencias del Tribunal Supremo del 10 de octubre de 1989, del 8 de mayo de 1990, del 8 y el 26 de noviembre de 1990, del 28 de mayo de 1991 y del 7 de abril de 1997.

Consecuentemente, advierten a los propietarios del edificio en el que está emplazado el dispositivo de que si la antena se activa y en un futuro se constata que sus campos electromagnéticos han sido perjudiciales para la salud de las personas que residen o trabajan en su entorno podrían lloverle las reclamaciones.

Desde la plataforma vecinal contraria a la antena de Benito Vigo se aboga por aplicar el "principio de precaución" y propiciar el desmantelamiento del dispositivo. Sus integrantes están dispuestos a ejercer la "presión" que sea precisa para lograrlo. Y hacen un llamamiento a los estradenses para que respalden una lucha que subrayan que "nos favorece a todos".