"Es una cuestión meramente técnica", respondía el interventor del Concello de Lalín, Fidel García, al ser preguntado por sus reparos a las facturas que irán al pleno del próximo viernes, día 25, para su reconocimiento extrajudicial. Son 16 pagos por un montante total que no llega a los 12.000 euros. "Es una cuestión técnica, nada de mala praxis, como dice el PP, que intenta retorcer las cosas, a pesar de que esta misma semana se lo explicó a su portavoz el propio interventor", subrayaba el alcalde, Rafael Cuíña, en una comparecencia junto al funcionario.

El interventor alude a los cambios normativos y a las interpretaciones más recientes del Tribunal de Cuentas y del Consello de Contas respecto a la previsibilidad de los gastos por parte de las administraciones públicas. Pagar las facturas que se mantienen en el tiempo a través de la junta de gobierno "no es el mejor sistema", a su modo de ver. Así que propone "un reconocimiento extrajudicial de crédito" que ya está presente en las bases de ejecución del presupuesto aprobadas en 2010 -no han sido modificadas desde entonces- para su aplicación "cuando no se sigue el procedimiento de contratación".

Preguntado si se debería haber seguido este proceder desde 2010, Fidel García es tajante: "No me voy a meter en el trabajo de los anteriores interventores". Sí admite que la nueva ley de contratación es "más restrictiva" y que, según el Tribunal de Cuentas, "no se puede utilizar un contrato menor en necesidades periódicas repetitivas". En segundo lugar, deja claro que las 16 facturas que van a pleno "están conformadas", pues los trabajos se hicieron y hay que pagarlos. De no hacerlo, el Concello incurriría en un "enriquecimiento indebido" y las empresas podrían recurrir al juzgado, con todas las de ganar, incluidos los intereses legales.

"¿Los concejales que voten a favor del reconocimiento extrajudicial de las facturas en el pleno pueden tener alguna responsabilidad si hubiese una demanda judicial?", inquirió el regidor. "No, porque son facturas conformadas debidamente, y en ningún momento se requiere a los ediles que comprueben las facturas o si el trabajo está hecho", respondió el interventor. "Es más, podría incurrir en responsabilidad patrimonial quien vote en contra, ya que obligaría a devolver las facturas y habría enriquecimiento ilítico por parte del Concello", añadió. Si algún concejal lo hace, "es importante que motive su voto jurídicamente", apostilla.

¿Cuál sería la solución para evitar estos procedimientos en lo sucesivo? "El legislador trata de reducir al mínimo los contratos menores y ofrece un nuevo procedimiento mucho más rápido", explica García. Se trata del procedimiento de contratación abierto simplificado, que no debería dilatarse más allá de mes y medio. "Supondría un mayor esfuerzo en la fase inicial, de contratación, pero después facilitaría mucho los trámites a las dos partes", apunta.