Las empleadas del SAF anuncian movilizaciones si hay despidos "injustificados y arbitrarios"

Ante el inminente cambio de concesionaria, el sindicato celebró una asamblea el pasado viernes con participación de la mayoría de las trabajadoras. Las asistentes mostraron su "malestar" ante las manifestaciones realizadas por el gobierno local en relación con sus puestos de trabajo durante el pleno del 23 de abril, en el que se adjudicó el servicio a la compañía Saluvi. "Que sobran trabajadoras en el servicio, que la empresa infló censos y que tienen que quedar las que realmente trabajan" son las declaraciones que -según la CIG- "han dejado en estado de estupor a toda la plantilla, pues ponen en duda su buen hacer y profesionalidad".

El SAF lleva meses en conflicto, porque Serinter "no se ceñía al convenio del sector" y porque libraba "un conflicto propio" con el Concello de Silleda que derivó en "un problema de impagos de nóminas que afectó a toda la plantilla, con dos mensualidades a sus espaldas durante meses", rememora el secretario comarcal del sindicato, Antón Álvarez Merayo. El asunto se solucionó recientemente, tras la movilización de las empleadas y la convocatoria de huelga para el 25 y el 27 de abril, que no se llevó a cabo al efectuarse los pagos adeudados. Merayo se confiesa "alucinado" por que a estas alturas, tras dos años de servicio de la empresa saliente y meses de conflicto, el Concello detecte "supuestas irregularidades", y "no antes, cuando las trabajadoras protestaban por activa y por pasiva sin encontrar respuesta por parte de nadie".

En un servicio privatizado como el SAF de Silleda, el Concello no tiene capacidad de decisión sobre la organización del trabajo, la plantilla ni nada que tenga que ver con las relaciones laborales de la empresa. "Sería una ilegalidad susceptible de demanda que interviniese, pues podría ser acusado de prevaricación si pretende influir tanto en el concurso como en las relaciones entre personal y empresa", alega Merayo. El hecho de haber realizado cuatro meses de trabajo en el SAF marca la adscripción de las contratadas al mismo y, en todo caso, "es función de la empresa saliente, y solo de ella, facilitar el censo de trabajadoras", subraya el sindicalista. En caso de detectarse alguna irregularidad sería la compañía entrante la que tendría que decir algo o presentar una reclamación legal, si fuera preciso; "pero nunca el Concello", cuya labor es asegurar "la imparcialidad del concurso de adjudicación y, posteriormente, el cumplimiento del servicio público ante los usuarios". "En ningún caso debe entrar en temas de contratación de la empresa", advierte.

Respecto a la "teórica sobrecontración" detectada por el Concello a pocos días del concurso, "¿de quién es la culpa?", se pregunta la CIG: "¿De la empresa, que hacía lo que le daba la gana para meter a quien quisiera o de un Concello que durante dos años no fue capaz de detectar las teóricas contrataciones a mayores mediante el programa informático que regula el SAF?". Desde el sindicato tienen claro que quienes salen perjudicadas en este debate son las 34 trabajadoras del servicio que cumplen los requisitos legales y que "comienzan a estar hartas de ser arma electoral en los plenos". "Solo quieren trabajar y no ser instrumentalizadas por la confrontación político-electoral", concluyen.

A la agrupación le llama la atención que, entre los "posibles descartes", figuren trabajadoras de baja, algunas de larga duración por enfermedad grave e incluso de permiso por maternidad. Por eso, anuncia que no escatimarán "esfuerzos tanto sindicales (movilizaciones) como legales (demandas)". "No vamos a permitir que se deshagan de trabajadoras saltándose la ley", proclaman, al tiempo que indican que se está valorando la convocatoria de una jornada de huelga "si se insiste en despidos injustificados y arbitrarios". Así que solicitan al Concello que "deje de extralimitarse en sus funciones" y que todas las empleadas sean subrogadas por Saluvi.