El consejo sectorial de Ganadería de Leche de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) remitió ayer una carta al director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda, en la que le traslada los contenidos del encuentro que presidió el secretario de Ganadería de la organización, el lalinense Román Santalla.

UPA evaluó el plan de ordenación del sector vacuno en el que trabaja el Ministerio de Agricultura desde hace un año, y considera que entre las deficiencias falta la regulación del tamaño máximo que deben tener las explotaciones. Este tope de número de reses ya se da, por ejemplo, en las explotaciones porcinas. Esta cuestión se planteó ya en los grupos de trabajo, y contaba con un gran consenso para evitar que proliferen granjas como la que se promueve la cooperativa Valle de Odieta en Soria, con 20.000 vacas. UPA no entiende que Agricultura omita este aspecto, toda vez que ya había sido demandado y puesto sobre la mesa. Si no se frenan estas macrogranjas, correrán un serio peligro las explotaciones familiares de tamaño pequeño y medio, que desde siempre "contribuyen de forma importante a la actividad económica del medio rural y a la fijación de la población en el campo".

El consejo sectorial hace hincapié en que en este proceso de regulación debe, pues, "ser una excelente oportunidad para proteger y mejorar las explotaciones ganaderas existentes, contribuyendo al desarrollo eficaz y equilibrado del sector de cara al futuro", por lo que pide que este plan de ordenación "no se traduzca en una mayor carga económica ni burocrática para las granjas", que además cumplen un papel insustituible en cuanto a la producción de alimentos seguros y de gran calidad, "cumpliendo los requisitos medioambientales y sanitarios que le exige el modelo de producción europeo", añade.

El consejo sectorial tuvo tiempo además de valorar puntos como el precio de referenciación de la leche cruda o el decreto sobre purines, que obliga a adaptarse a la normativa europea y mudar los sistemas de aplicación por un nuevo modelo que inyecta directamente el abono en el suelo, reduciendo así la contaminación. Este año, la Xunta penaliza únicamente el uso de cañón, pero permite que sigan utilizándose los de plato y abanico, comunes en el 95% de las granjas de la comunidad gallega.