Después de un tiempo en el que el PP había mantenido un silencio público sobre la polémica por el posible asentamiento en Botos de una planta de reciclaje de neumáticos, ayer Crespo fue duro con el gobierno, al que acusó de reaccionar solo cuando la presión vecinal lo puso contra las cuerdas y anunció su negativa a la industria de la firma Racso para este emplazamiento.

El portavoz aseguró que tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo, Nicolás González Casares, tenían conocimiento desde hace mucho tiempo de las intenciones de la firma. "Podemos demostrar que eran sabedores del proyecto". Es más, indicó que el ejecutivo sí pretendía que la planta tuviese licencia y por eso, entre otros movimientos, se organizaron desde el Concello viajes a plantas semejantes a León acompañados de representantes de Racso. "¿Estaba el gobierno en connivencia con la empresa?", pregunta Crespo, quien avanza que su grupo pedirá explicaciones al ejecutivo en pleno y también se valora solicitar comparecencias.

A su juicio, el papel demostrado por el cuatripartito en este asunto es más que cuestionable, pero pone el acento en una cuestión que, dice, su equipo no está dispuesto a tolerar: que el gobierno diga en reuniones con vecinos de Botos o Soutolongo que si finalmente Racso instala su industria es por culpa del PP. Indica que si bien la consellería emitió un informe favorable la concesión de la licencia es competencia del Concello. Crespo recordó que el ayuntamiento no respondió a los requerimientos de la consellería durante el período de participación pública del proyecto, como tampoco lo hicieron grupos ecologistas o Augas de Galicia. Por eso pedirá que las agrupaciones ecologistas o el organismo público se pronuncien sobre el proyecto de la planta.