El gobierno lalinense conmina a la Xunta a agilizar el desarrollo de la cuarta fase del parque empresarial Lalín 2000, de la que nada se sabe desde hace aproximadamente unos ocho años. El concejal de Urbanismo, Nicolás González Casares, mostró ayer su malestar por el posicionamiento del gobierno gallego de aplazar sine die la ampliación del principal área industrial del municipio, alegando que no existe demanda que lo justifique.
El edil explicó que a comienzos de año fue remitida una comunicación a Xestur con el objetivo de conocer posibles avances en el plan de sectorización del polígono -último trámite realizado-, máxime cuando desde la Asociación de Empresarios de Deza (AED) se reclamó la necesidad de habilitar más suelo. A los escritos al organismo dependiente de la Consellería de Infraestruturas respondió el pasado día 5 indicando que desde la aprobación del plan de sectorización no se habían recibido "solicitudes de interesados en la compra de parcelas en dicho ámbito", máxime teniendo en cuenta que todavía existen parcelas disponibles propiedad de Xestur en la tercera fase. Asimismo, precisa que "recientemente" se volvió a recordar a los propietarios de predios sin edificar de sus obligaciones de hacerlo, conforme a las cláusulas de la escritura de venta firmada en su día, solicitándole la justificación. En este caso no se precisa cuántas parcelas están en esta situación.
Casares entiende que la contestación de la Xunta pone de manifiesto su desinterés por la ampliación de Lalín 2000, pese a que el Partido Popular local anunció en múltiples ocasiones entre 2009 y 2010 que el desarrollo de esta cuarta fase era "inminente". También señala que puede entender la situación vivida por Xestur y la coyuntura de esos años, si bien asegura que entre valorar la opinión de la Xunta acerca de la nula demanda de suelo o el posicionamiento de la AED, valora más el de la patronal dezana.
El concejal de Urbanismo indicó que según el último concurso público de Xestur, esta entidad mantiene a la venta tres parcelas en la tercera fase, aunque solo dos de ellas tienen uso industrial o comercial, mientras que otra es de equipamiento social. La de mayor tamaño es de 4.515 m2, la segunda y también de uso industrial abarca 2.032 y el predio habilitado para equipamiento suma 2.008 metros. Pese a que en la licitación entran en juego bonificaciones, Casares destaca que el precio de estas parcelas oscila entre los 63 y los 70 euros/m2; un valor que a su juicio está desfasado y fuera de las tasaciones del mercado. Así, pone como ejemplo que la parcela de mayor tamaño tendría un coste de más de 284.000 euros y la más pequeña saldría por unos 142.000. Para una de ellas, dijo, en principio ya existe un comprador.
Además de reivindicar el desarrollo de la 4ª fase, opina que Xestur debería buscar fórmulas para abaratar el precio de las parcelas mediante, por ejemplo, rebajando coste de la urbanización o diseñando predios más grandes. También propone que la Xunta, en vez de desarrollar de una sola vez los 316.000 euros de esta nueva fase podría ejecutar una parte. "Hoy en día no hay suelo suficiente disponible si una empresa de dimensión quiere venir para Lalín", dice. Reconoce que en el polígono existen naves desocupadas, aunque también opina que lo razonable es que un municipio pueda ofrecer a una empresa una parcela que se adapte a sus necesidades o no al revés. "Y si es cierto que hay gente demandando suelo industrial". "El PP de Lalín anunció hasta nueve veces que la cuarta fase era inminente y eso era papel mojado. Vamos a perdonar culpas por la paralización de ocho años, pero que se hagan los deberes ya", reiteró.
Convenios urbanísticos
La decisión de contactar con Xestur por la 4ª fase de Lalín 2000 surgió meses atrás, cuando se aprobó una moción en pleno por un convenio entre Concello y vecinos de Filgueira que habían donado terrenos para la construcción del centro social a cambio de una compensación en el desarrollo del parque empresarial. Casares señala que si bien estos afectados no apremian demasiado al cumplimiento de un acuerdo que se dilata ya desde hace casi una década. En caso contrario, habría que hacer frente al pago de sus derechos. El edil, por otro lado, estima que la Xunta ya tiene adquiridos en torno a la mitad de los 316.000 m2 de esta nueva fase y que los dueños de los terrenos no pueden ejercer derechos sobre ellos. Asimismo, citó que a comienzos de este mandato ya se logró rebajar con Catastro la carga tributaria a los afectados por la contribución de sus bienes.
