Movemento Veciñal Estradense (Móvete) trasladará al Parlamento de Galicia a través del grupo de En Marea, la petición de una residencia pública de la tercera edad para personas asistidas en A Estrada. La formación que encabeza Mar Blanco Casais canalizará a través de este grupo parlamentario la resolución del pleno de la corporación alcanzada en la sesión del pasado mes noviembre. A propuesta de Móvete, todos los grupos políticos municipales aprobaron una moción -avalada también por más de 1.500 firmas- para instar a la Xunta de Galicia a la construcción y gestión pública de una residencia para dependientes. Tras el encuentro mantenido entre Blanco Casais y la diputada Paula Vázquez Verao, responsable de servicios sociales dentro del citado grupo parlamentario, en Marea solicitará en O Hórreo que el gobierno gallego inicie antes de 2020 esta construcción en A Estrada.
La iniciativa expondrá que el Concello de A Estrada cuenta con terrenos para la construcción de una infraestructura de estas características, llamada a dar servicio no solo al municipio estradense sino a toda la comarca. "El acuerdo plenario es claro en cuanto a la necesidad de una residencia pública", recalca Móvete.
Desde estas dos formaciones políticas se apuntó que el índice de cobertura de plazas de residencias para mayores en Galicia es "muy inferior al del resto del Estado". Sitúan la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas de 65 o más años en el 3,2, frente al 4,3 de la media estatal, siendo Galicia "la quinta comunidad autónoma del Estado con una ratio más baja". En este mismo contexto, subrayan que se profundiza en "un modelo privatizador". "Un 67% son plazas privadas, cuando en el conjunto del Estado las plazas públicas pasan del 50%. Y estas plazas cuestan de media un 8% más que una plaza pública gestionada directamente", sostienen.
Analizando el caso estradense, Móvete y en Marea apuntan que con una población de 20.700 habitantes, el 27% supera los 65 años, cuestión que arroja para el municipio una tasa de envejecimiento que -afirman- supera la media gallega. "Además, el retraso en la valoración del grado de discapacidad y dependencia en al provincia de Pontevedra provoca que en las residencias de la provincia haya personas sin valorar que son formalmente 'válidas' pero que en la práctica precisan servicios como personas asistidas", afirman, antes de apuntar que esta situación "es habitual en la residencia de atención a la tercera edad con 40 plazas, para personas con autonomía, de que dispone el municipio, lo que cual viene a significar en la práctica que usuarios de este centro precisan de unos cuidados de los que se carece".
Mientras en Marea intentará buscar el próximo jueves el apoyo de otros partidos con representación en la Cámara Gallega para respaldar el acuerdo del pleno estradense para instar a la Xunta a la construcción de esta nueva residencia pública, Móvete incide en que la demanda de este servicio continuará en aumento.
De igual modo, Mar Blanco recalca la situación estratégica que ofrece el municipio para una infraestructura social de estas características. Hizo asimismo hincapié en que "solo con un servicio de gestión directa de la Xunta se garantiza el acceso de los pensionistas y se ahorra en la gestión". En esta línea, además de asegurar que las plazas privadas cuestan de media para la administración "un 8% más que una plaza pública gestionada directamente" tendrían -a juicio de Móvete- "un excesivo coste para los usuarios". "Dejarían fuera a gran parte de los pensionistas del municipio y la comarca", asevera.
Por otro lado, Móvete incidió ayer en que el acuerdo plenario alcanzado en noviembre "es vinculante para el Concello". Entiende por ello que las declaraciones del alcalde en relación a la puesta a disposición de terreno municipal para una posible residencia que podría ser gestionada por la empresa privada "no tienen razón de ser". El mandatario reconoció que el gobierno estaba buscando encaje para la construcción de una residencia de mayores y un centro de día en una parcela de 7.400 metros cuadrados en A Baiuca, contemplando la posibilidad de una cesión de dominio público a una empresa que, a cambio de la concesión de parcela y explotación de servicio por un tiempo, pudiese asumir la construcción del demandado centro.
"Ya no se hacen residencias de gestión pública. Hace muchos años se hacían, de hecho nosotros tenemos una aquí. Lo que se está apostando ahora es por los conciertos sanitarios: a través de la Ley de Dependencia concertar una serie de camas que permitan que la gente que tenga la valoración de dependencia pueda acceder a esas plazas concertadas", explicó el mandatario en su día, incidiendo en que la posibilidad de establecer este concierto supone en sí mismo un "reclamo importante" para las empresas que quieran gestionar una residencia.
