La indignación de los vecinos de Ramiráns, en la parroquia estradense de Santo André de Vea, regresó ayer al pleno. Lo hizo a través del apartado de participación ciudadana y dos meses después de que estos ciudadanos hiciesen uso de esta misma vía para urgir al Concello de A Estrada una decidida solución tras 30 años de lucha contra un octogenario que aseguran vive entre montañas de basura y en una casa sin tejado. La vivienda en cuestión se incendió en 2005 y el Concello la declaró en ruinas diez años después. "A día de hoy no sabemos si se está haciendo algo o nada", apuntó la representante vecinal, que insistió en que la construcción "es una ruina total". "En 2015 se le daba un plazo de un mes para la ejecución. (...) ¿Cómo se le pueden dar plazos para nada?", cuestionó también, después de que el alcalde expusiese previamente que el titular de la vivienda manifestó su intención de presentar un proyecto de reposición de legalidad de urbanística. "Y el Concello le tiene que dar la oportunidad", dijo.
Fue la portavoz de Movemento Veciñal Estradense (Móvete), Mar Blanco Casais, la primera en sacar este tema a colación. La edil se interesó por las actuaciones realizadas por el Concello para solventar un conflicto que acumuló, según explicó, "16 denuncias en 30 años y múltiples visitas al Concello". "Es difícil entender como se tardan diez años en declarar la casa en ruinas", apuntó también, para seguidamente preguntar al gobierno si la administración llegó a imponer una segunda multa coercitiva al propietario del inmueble y si se le repercutieron a este los "5.500 euros" gastados en una limpieza. También se interesó por si el departamento de Servicios Sociales está realizando alguna actuación de protección del octogenario.
López contestó que se envió una primera multa coercitiva de 1.000 euros y que el Concello recomendó en una notificación la demolición y nueva construcción. Sin embargo, explicó que el particular manifestó voluntad de presentar un proyecto de reposición de la legalidad, subrayando que ante ello el procedimiento exige darle audiencia. Apuntó que, si el Concello detecta inacción seguirá insistiendo con multas cada tres meses, que irán duplicando su cuantía. El alcalde subrayó la complejidad de este expediente y recordó que "solo para entrar a limpiar hubo que pedir permiso al juzgado, que tardó meses en contestar". "Sé que no es fácil de entender pero el gobierno desde hace tres años se tomó en serio esta cuestión y da pasos para intentar solucionarla", dijo.
Piden ser informados
"A mí me puede caer una pared de este hombre encima de la cabeza o a cualquiera que pase", apuntó la vecina que intervino en pleno. "Desde el pleno de febrero hasta hoy, ahí no hubo ningún movimiento", apuntó esta ciudadana, que lamentó tener que acudir a la sesión para informarse de si se está avanzando en este procedimiento. "Que se nos tenga informados a los vecinos. Cuando menos un poco de consideración", reclamó.
"Yo soy el alcalde. No me voy a saltar el procedimiento", respondió López Campos, que garantizó que cumplió con la responsabilidad de pedir que se trabaje en este tema. "Si este señor presenta un proyecto de consolidación, tiene derecho a trámite de audiencia. Nos guste o no nos guste; es el procedimiento", añadió. Insistió en que no es un trámite sencillo y que si el particular no ejecuta pese a la imposición de multas, "el último extremo" sería una ejecución subsidiaria por parte del Concello, paso que requiere recurrir "a la audiencia judicial".
En otro orden de cosas, en un pleno de trámite, fue el apartado de ruegos y preguntas el que confirió contenido a la sesión correspondiente al mes de abril. El grupo municipal del PSOE lo aprovechó para solicitar al gobierno -formalizará la petición a través de la presentación de una moción- que se habiliten plazas de estacionamiento cubiertas para personas con discapacidad, subrayando que "hay espacios para hacerlo". La portavoz socialista, Belén Louzao, también se interesó por quién se encarga de la gestión de reciclaje del material derivado de la demolición de edificios en la zona de ampliación de la alameda municipal. El alcalde respondió que la mayor parte de estos materiales se están tramitando como residuos. Avanzó que la semana que viene se vallará la calle Iryda para demoler las edificaciones que faltan y que en dos semanas se prevé la conclusión de los derribos y el acondicionamiento del terreno.
Una base del 061
Por otro lado, Móvete aprovechó la sesión para pedir que se apueste por instalar la base del 061 anexa al nuevo centro de salud proyectado en A Baiuca. Apuntó Mar Blanco que los técnicos calculan que actualmente la distancia entre la base y el ambulatorio puede suponer una diferencia temporal de 15 minutos para salir a atender -con el equipo médico- una emergencia. Insistió Blanco Casais en aprovechar la construcción del nuevo centro para plantear esta base de manera anexa.
López respondió que esta propuesta, junto con la reserva de una zona para un posible helipuerto, se contempló en la elaboración del plan funcional previo. No obstante, señaló que el Sergas no mantiene bases del 061 "en ningún edificio público". Añadió que el nuevo centro de salud y la actual base estarán "muy próximas".
A preguntas de Móvete, el alcalde aclaró que el Concello no colaboró económicamente en el libro centrado en la Semana Santa, después de conceder a la Cofradía de la Santa Cruz una subvención nominativa de 3.000 euros y colaborar con la agrupación -dijo- como con cualquier otra asociación.
