Son muchas las medidas las que incorpora la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Estos elementos deben servir como garantía del compromiso de los poderes públicos para su rápida y eficaz aplicación en todo el territorio nacional. Algo que no está funcionando, como se puede ver. Los que buscan estas medidas es superar las barreras al acceso a los contratos del sector público, que mejoran la eficiencia y la calidad de las adjudicaciones, así como hacer más transparentes todas las fases de la contratación del sector público. De esta misma manera, las administraciones públicas tenían un límite de unos 240.000 euros para poner en marcha un procedimiento de contratación negociado. Esto es, de una manera práctica, que el organismo en cuestión solicitaba a tres empresas presupuestos para llevar a cabo la obra que se necesite, eligiendo claro está, la oferta más ventajosa. Sin embargo, las limitaciones de este proceso han cambiado a partir también de la implantación de estas medidas. Asimismo, la barrera ya no estará en ese importe, sino que ha bajado considerablemente hasta los 40.000 euros. De esta manera, las instituciones públicas solo podrán poner en marcha un procedimiento de contratación negociado a aquellas obras que no superen este importe, con sus beneficios y sus complicaciones. Puesto que, de esta manera, aquellos trabajos que podrían realizarse en un tiempo determinado al utilizar un proceso negociado, ahora tendrán que cumplir unos plazos que en muchas ocasiones supondrán un problema para todas las administraciones públicas y su rutina.
