La reforma del la carretera PO-230, vial que une Serrapio con Vichocuntín, es ya inminente. El Diario Oficial de Galicia (DOG) recogió en su edición de ayer el decreto por el que se declara la utilidad pública y se dispone la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ampliación y mejora de esta infraestructura, en el municipio de Cerdedo-Cotobade y para la que la administración gallega reserva una inversión de 600.000 euros.

El proyecto, recoge la referida publicación, tiene como objeto mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los ciudadanos, "con un importante efecto positivo sobre el medio socioeconómico y humano". Se apunta también que el vial presenta pendientes elevadas en el único del tramo y pendientes suaves al final del recorrido de estudio. La reforma se programa para el trayecto que discurre entre los puntos kilométricos 12+630 y 14+430.

El Consello da Xunta reconoció la utilidad pública y acordó la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación que es preciso realizar para ejecutar esta obra en su sesión del pasado 22 de febrero.

Será precisa la expropiación de 26 fincas para acometer las obras de mejora de la carretera. Estas afectarán a un trecho de 1,8 kilómetros, desde el núcleo de Serrapio hasta el punto final de la carretera, en la intersección con la Nacional 541, ya en Vichocuntín. Con estos trabajos se mejorará la seguridad viaria y la comodidad en la circulación de los usuarios de esta vía. Las obras comprenden la ampliación de la calzada hasta alcanzar los 7 metros -actualmente tiene 5,5-, así como la rectificación de varias curvas para mejorar el trazado. Asimismo, se actuará sobre el drenaje de la plataforma, previendo construir muros de contención en los puntos necesarios y renovar la señalización horizontal, vertical y de balizamiento.

Desde la administración gallega se aclaró recientemente que será el Concello de Cerdedo-Cotobade quien asuma el coste de las expropiaciones precisas para ejecutar esta esperada obra de la PO-230. Lo hará a través de un convenio que el ente local suscribirá con la administración gallega.

La expropiación de las fincas necesarias para acometer la intervención supondrá una inversión de 6.350 euros. El resto de las parcelas necesarias son cedidas de forma gratuita por vecinos tras la mediación del ayuntamiento.