Los partidos judiciales de Lalín y A Estrada, que dan cobertura a las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, tramitaron durante el año pasado 77 denuncias por violencia de género, según se desprende del informe que difundió ayer el Consejo General del Poder Judicial. La cifra supone un notable descenso en comparación con las 111 denuncias cosechadas en 2016, el valor más alto en lo que va de década.

De esas 77 denuncias, 51 se tramitaron en los juzgados de Lalín, por otras tantas víctimas de malos tratos. Todas ellas se acompañaron de atestados policiales. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 40 son españolas y las 11 restantes, extranjeras. En A Estrada, se recibieron las 26 denuncias restantes, de la mano de 22 mujeres, de modo que alguna víctima tuvo que poner más de una acusación. A diferencia de las que se tramitaron en Lalín, de estos 26 procesos, 9 corresponden a denuncias que las víctimas interpusieron directamente en el juzgado, 8 presentan atestados policiales con denuncia, otras 8 también tienen atestados pero con intervención directa de los agentes, y la restante es un parte de lesiones. Todas las víctimas son de nacionalidad española.

Tras la formalización de la denuncia, los juzgados activan órdenes de protección y medidas. El año pasado, las 29 órdenes de protección que se incoaron fueron a instancias de las víctimas, de modo que no se abrió ninguna a propuesta de terceras personas o del ministerio fiscal. Esas 29 órdenes, al igual que las denuncias, también se quedan por debajo de las 43 que se evaluaron durante 2016. Se adoptaron sólo 5, de manera que las 24 restantes quedaron denegadas. Por partidos judiciales, en el de Lalín se incoaron 16 pero se materializaron únicamente 3, mientras que en el de A Estrada, se abrieron 13 pero llegaron a formalizarse tan sólo 2. Todos los hombres denunciados son españoles al igual que 20 de esas 29 mujeres que solicitaron una orden de protección. En los 16 casos de Lalín, entre el presunto agresor y la víctima había una relación de matrimonio en 6 casos, 3 de exmatrimonio y 7 de exrelación afectiva. En A Estrada, los 13 expedientes se distribuyen entre 5 relaciones afectivas, 4 matrimonios y 4 exmatrimonios.

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Las órdenes y medidas de protección se activan para proteger la vida y la integridad de la víctima. Las 9 medidas que se dictaron el año pasado en la zona son de carácter penal: hay cuatro medidas de alejamiento (3 en Lalín y una en A Estrada), otras tantas con prohibición de comunicación y repartidas de la misma forma, y una suspensión de tenencia, en A Estrada.

Al margen de estas acciones, los juzgados deben determinar si los hechos que se denuncian deben elevarse a los juzgados de lo penal para imponer la pena que corresponda al presunto agresor o, por el contrario, si no existen indicios de delito. En los dos partidos judiciales se constataron 76 delitos de violencia sexista, de los que 52 corresponden a lesiones y malos tratos del artículo 153 del Código Penal (especifica las penas que conlleva la violencia doméstica cuando la víctima convive con el maltratador), otros 10 a las lesiones que menciona el artículo 148 y siguientes, 13 contra la libertad y uno contra la indemnidad sexual. Se determinaron, además, 9 faltas y delitos leves. Una decena de procesos remató en juicio, con otros tantos acusados: 8 procedentes de los juzgados de Lalín y los dos restantes de los de A Estrada. Tras la vista, nueve de ellos quedaron absueltos, pero el restante fue condenado.