El pasado verano, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Deutsche Bank hacían hincapié en la pronta recuperación de la economía española, diez años después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Eso sí, también alertaban de que aún queda camino para recuperar tanto el nivel de empleo como el poder adquisitivo de los trabajadores en niveles similares a los que había antes de 2008.
Esto queda en evidencia en el informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales", que dio a conocer esta semana el Consejo General del Poder Judicial. En este documento se analizan los lanzamientos que practicaron los partidos judiciales desde el año 2013. Los lanzamientos son la última fase de un proceso de desahucio, y se aplican si el inquilino o el dueño del piso, al no poder continuar con el pago del arrendamiento o con la hipoteca, se niega a entregar las llaves de modo voluntario. Los lanzamientos también se activan, por ejemplo, en locales comerciales, naves industriales, inmuebles que los promotores aún no habían logrado vender... Incluyen la apertura de la puerta y cambio de cerradura, la entrega de las nuevas llaves al dueño y el acta del estado en que se encuentra el inmueble. Hay que apuntar, no obstante, que pese a ejecutarse los embargos, muchas familias siguen residiendo en sus viviendas afectadas tras llegar a un acuerdo con los bancos.
A nivel gallego, el año pasado se practicaron 2.493 lanzamientos hipotecarios o desahucios, lo que supone un 4,6% más que el ejercicio anterior. Este incremento no es ajeno a los partidos judiciales de Lalín y A Estrada, que cubren las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes. El año pasado, sus salas judiciales practicaron 54 lanzamientos (21 desde A Estrada y 33 desde los juzgados lalinenses). La cifra sólo subió en un dígito en comparación con los 53 lanzamientos de 2016 pero, si tomamos los datos del último lustro, resulta que 2017 ostenta la cifra más elevada, lo que da una idea de la distancia que todavía separa los salarios y los gastos de la hipoteca o el alquiler. Desde 2013, la cifra de lanzamientos no ha hecho otra cosa que aumentar: en ese ejercicio se remataron 44 procesos de desahucio, que al año siguiente es cierto que manifestaron un libro descenso, al quedarse en 37. Pero a partir de aquí el volumen de lanzamientos se dispara a los 53 tanto en 2015 como en 2016, que suben a los 54 ya mencionados del año pasado.
La precariedad laboral unida al encadenamiento de contratos temporales limitan, y mucho, la posibilidad de que los vecinos de Deza y Tabeirós-Montes se decidan a formalizar una hipoteca para adquirir una vivienda. De ahí que, de los 241 lanzamientos que se practicaron desde 2013, sólo el 31,5%, es decir, 76, corresponden a ejecuciones hipotecarias. De este modo, hay 152 expedientes que, desde 2013, corresponden a otros tantos desahucios por aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos o, lo que es lo mismo, por el impago de alquileres. Son el 63% del total. La cifra se completa con 13 lanzamientos que no encuadran en las dos categorías anteriores.
Si analizamos los datos desde 2013, podemos comprobar que desde ese año se da un claro predominio de lanzamientos por impago de alquileres frente a los que se derivan del impago de hipotecas. Sin ir más lejos, el año pasado los primeros triplicaban a los segundos. En el partido judicial de A Estrada, de los 21 lanzamientos totales, 6 fueron a consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria, frente a 15 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. La diferencia es todavía más notable en Lalín: de sus 33 lanzamientos totales, 8 se derivaron de la imposibilidad de continuar pagando la hipoteca, y justo el triple, 24 se debían a que los inquilinos se saltaron el pago de varios meses de alquiler. A la cantidad global se suman otros tres procesos, coordinados desde los juzgados de Lalín, y que son diferentes de hipotecas o impagos de alquiler.
