Si por algo será recordada la recesión económica, además de la destrucción de empleo, será por la ola de desahucios provocados por, precisamente, el paro y las dificultades de muchas familias no solo para continuar con la hipoteca o el arrendamiento de su piso, sino incluso para llegar a fin de mes. Ante esta ola de embargos, las entidades bancarias accedieron a suscribirse a un código de buenas prácticas para establecer limitaciones a los desahucios. Así, se permite que las familias cuya casa les ha sido embargada puedan seguir residiendo en ella. Del mismo modo, las personas mayores que tampoco pueden hacer frente a la mensualidad del alquiler o de la hipoteca también pueden seguir residiendo en la vivienda, aunque hubiese un embargo de por medio, hasta su fallecimiento. Cuando tiene lugar el óbito, el inmueble no pasa a manos de sus herederos, sino de la entidad bancaria.
Los vecinos en una situación económica difícil también tienen la opción de acudir a organizaciones de ayuda social, pero éstas tampoco pueden extender en el tiempo su colaboración para afrontar las mensualidades. Por eso, desde diferentes organizaciones ya se lleva tiempo apelando a que los bancos pongan a disposición de las personas que se han quedado sin casa los pisos que tienen vacíos. Consideran que esto, además, ayudaría a un buen mantenimiento de esas viviendas aún sin ocupar.
