Las reivindicaciones políticas y sociales por la carestía de la autopista comenzó casi a la par de su inauguración. Fueron años de pancartas contra Fomento que dieron paso, luego, a tiempos de escaso ruido y casi a la resignación pese que en 2013 la AP-53 fue la autopista del ministerio que más tráfico ganó en España. En los casi tres lustros de existencia, las tarifas se encarecieron un 70% y solo en los últimos años la concesionaria, Autopista Central Gallega (Acega), aplicó casi una congelación de precios autorizada por Fomento. No obstante, por ejemplo en las tarifas en vigor para este 2017 los usuarios del trayecto Santiago-Silleda pagan 5 céntimos más que doce meses antes, cuando se había aplicado una rebaja por el mismo importe.
Transitar por la vía de alta capacidad sigue siendo prohibitivo. Un viaje de ida y vuelta desde Lalín a Santiago cuesta casi 12 euros y ni la capital dezana ni los concellos de su área de influencia tienen una alternativa real para desplazarse por carretera por la saturación que presenta la N-525. Tras años, Fomento sigue sin acceder a una reducción de tarifa y mucho menos al rescate de la concesión, algo que ni siquiera se plantea para la AP-9.
