El gobierno de Forcarei aprobó ayer en solitario la tasa de 12 euros por persona para la participación en la Xuntanza dos Maiores que, aún sin fecha fijada, prevé celebrar a finales de septiembre. La cita vuelve a prohibir la participación de personas no empadronadas en el municipio, una medida que, pretenden, "sirva para que la gente se empadrone", según explicó el portavoz del PP, Vicente Búa. Fue uno de los principales puntos de discordia en el pleno, en contra del que votaron PSOE, BNG y Foro Forcarei.

"No compartimos que una actividad social pagada con una subvención de la Diputación y con lo que le cobran a los asistentes quiera restringirse solo a los que están empadronados, cuando la finalidad es fomentar la convivencia entre todos los mayores forcaricenses", argumentó la portavoz socialista, Ana Doval. Su homólogo del BNG, Roberto Jorge, dijo votar en contra por entender que "no sabemos si se gasta bien el dinero; creemos que puede haber algo oscuro en la organización" puesto que "pedimos la relación de gastos en 2015 y aún hoy no nos las dieron", explicó.

Por otra parte, el pleno aprobó definitivamente la Conta Xeral de 2016, contra la que no se presentaron alegaciones. El PSOE votó en contra y BNG y Foro Forcarei se abstuvieron. Los tres grupos incidieron en los reparos a la legalidad realizado por Intervención a las cuentas por, entre otras cuestiones, no licitar servicios o por emitir facturas de compras sin encargo previo. El servicio de mantenimiento del alumbrado público es uno de los aspectos que vuelven a ser cuestionados por Intervención que, según apuntaron los socialistas, lleva "dos años" realizando reparos en este asunto.

En el turno de ruegos y preguntas, los socialistas se interesaron por los "problemas" con el suministro de agua en Forcarei y por las previsiones de suministro y construcción del nuevo depósito, cuestiones a las que el gobierno contestará por escrito. Además, el PSOE aludió a la "permisión del gobierno local con la realización de cierres de parcelas en Meavía sin respetar la normativa municipal", dentro de la concentración parcelaria. El edil Alejo Vidal respondió que el gobierno no puede supervisar los trabajos que se realizan en todos los caminos.