Los ediles de Facenda de Lalín, Teresa Varela y Francisco Vilariño, ponen de manifiesto la gran acogida del servicio de asesoramiento puesto en marcha por el gobierno local sobre el proceso de regularización catastral. Señalan que los ciudadanos se sienten "indefensos y faltos de información ante un procedimiento de gran complejidad impuesto desde Madrid por el PP". Avanzan que durante la primera jornada de atención al público, en la que 170 personas fueron asesoradas, se tramitaron un total de 50 alegaciones. La cifra es para el ejecutivo muy significativa, teniendo en cuenta que en el primer envío se remitieron 700 notificaciones.

Ampliación de horarios

En vista de esta gran demanda, la concejalía ha decidido que el horario de atención a los afectados en las oficinas del ORAL se extienda a las tardes. Así, las personas que deseen ser asesoradas por personal especializado puesto a su disposición podrán acudir por las mañanas (de 8.00 a 14.30 horas) o bien por las tardes, entre las 16.00 y las 18.00. Asimismo, Francisco Vilariño recibirá personalmente a los vecinos que lo deseen para prestarle ayuda sobre esta cuestión hasta las 21.00 horas en el consistorio. Para ello es necesario concertar cita en el número de teléfono 986 78 70 60. Los concejales ponen en valor el servicio de ayuda impulsado por el gobierno municipal, porque entre otras cuestiones las personas afectadas solo tienen "15 ridículos días de plazo para realizar alegaciones y la mayoría no tiene la formación suficiente para interpretar correctamente las comunicaciones". En esta línea, y en vista de las consultas que están realizando los afectados, explicaron que las notificaciones que se están recibiendo refleja la nueva situación catastral de cada bien, junto con la tasa de 60 euros que se debe abonar por cada expediente tramitado. Y quiere dejar claro que la liquidación del IBI por los bienes catastrados llegará con posterioridad. Los ediles insisten en cuestionar la regularización, "que no se adapta a la realidad del territorio gallego y que viene impuesta desde Madrid por el PP con el único propósito de cobrar". Pero dicen que conviene distinguir entre aquellos casos en los que se produce fraude, ya que su persecución es una de las medidas de la concejalía, que además permite aumentar el padrón y rebajar el recibo del IBI.