En pleno agosto y sin casi personal en las administraciones. Hacienda está enviando a los ganaderos notificaciones en las que le reclama documentación sobre la transmisión de derechos del pago único de la PAC. Son cartas con carácter retroactivo, "que se dirigen a ganaderos que hace cuatro ó cinco años hicieron una transferencia de derechos a sus hijos o herederos, pero también se encuentran granjas que ejecutaron dicha cesión para poner en marcha otra explotación", explica el secretario comarcal de Unións Agrarias, Román Santalla.
Estas transferencias estaban amparadas por la ley y eran gratuitas. Es más, el interesado cubría un documento que estaba disponible en la Consellería de Medio rural "y nunca conllevó imposición económica, otra cosa sería si un ganadero le vendiese derechos a otro". El ministerio de Montoro, por el momento, solo aplica esta nueva medida recaudatoria en Galicia, pero es que además no tiene precedentes en ningún otro país de la UE. En la notificación se da un ridículo plazo de 10 días al ganadero para que presente documentación, y se le reclama el 21% de esas transmisiones o cesiones de derechos. Se amenaza incluso con embargar la nómina de la leche para cubrir ese porcentaje.
La situación, según los cálculos de Román Santalla, afectará a unos 1.500 ganaderos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. La organización agraria que representa ya está elaborando un modelo de recurso para frenar una medida contra la que debe postularse no solo la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, o el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sino también la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.
"No tiene sentido que se le aplique una carga impositiva a estas transmisiones derechos. Basta con pensar que, en muchos casos, las ayudas por el pago único alcanzan los 2.500 ó 3.000 euros", indica Santalla. Los derechos del pago único se calculan en función de las hectáreas con derecho a subvención. Lo normal es que un derecho equivalga a una hectárea, pero ésta varía de valor según cuestiones como la zona o el tipo de cultivo, de modo que un derecho puede valer 100 euros ó 900, para entendernos. En cualquier caso, la iniciativa de Hacienda no es otra cosa que un varapalo más a un sector que lleva años sumido en una crisis por el precio de la leche, al que precisamente la desaparición de cuotas no le ha ayudado y que por encima está recibiendo en los últimos meses otras notificaciones, también de Hacienda y conocidas como "cartas negras". Son las misivas en las que el ministerio le comunica que se van a legalizar construcciones anexas a granjas, como naves, galpones o invernaderos. Estos inmuebles nunca pagaron un tributo y ahora, además de tener que abonar 60 euros por su regularización, tendrán que someterse al correspondiente IBI en función del valor que se les dé. Unións insiste en que los afectados revisen si el bien que se quiere regularizar es de su propiedad, porque es que hay casos en los que se pretende que tributen tanques de agua que años atrás sus dueños cedieron a la administración local (como ocurre en Lalín) para el uso de la parroquia.
Si a ello se suma que Hacienda llegó a pedir hasta 6.000 euros a los jóvenes incorporados al agro por ayudas que se le concedieron seis años atrás, siendo también el único país de Europa que aplicó esto, "está claro que no es el mandato del rural", concluye Santalla.
