Lalín, al igual que Silleda y Dozón, es uno de los 46 municipios gallegos en los que la Dirección General de Catastro amplía hasta el 30 de octubre el rastreo de bienes sin regularizar, como ampliaciones de viviendas, piscinas o construcciones vinculadas a explotaciones agroganaderas (naves, invernaderos, galpones...). En principio, la revisión en estos concellos terminaba el 31 de julio, pero la dispersión geográfica aconsejó una ampliación de las labores. Es el mismo motivo por el que en otros 79 ayuntamientos (entre ellos, Rodeiro, A Estrada, Forcarei y Cotobade) seguirán sometidos a este rastreo hasta el 1 de julio del año que viene.

Por ahora, en Lalín se detectaron 4.114 inmuebles sin regularizar. Los dueños ya están recibiendo lo que se conoce como "cartas negras", en las que Hacienda les notifica la localización de este bien y la obligación de pagar una tasa de 60 euros por los trámites para regularizarlo. Posteriormente llegará el recibo del IBI, cuya cuantía, como es lógico, variará según el valor en que se tase el inmueble. Para paliar los efectos de este tributo, el que Lalín ya aprobó una bonificación del 95%, siempre que se solicite (es la misma medida que se aplica en Silleda). Pues bien, las notificaciones de Catastro afectan incluso "a tanques de agua que en su momento se cedieron al Concello para el uso de la parroquia", como indica el regidor, Rafael Cuiña, que tacha la situación de "escandalosa", puesto que con esta medida recaudatoria -la idea surgió durante el gobierno de Aznar en 2003- lo único que se hace es "atacar al rural en un momento en que está sufriendo con unos precios de la leche cruda por debajo de la media estatal. No sé que manía le tiene el PP al rural", concluye.

Hay que recordar, además, que el próximo miércoles, día 16, el Concello de Lalín habilita en las dependencias del ORAL, ubicado en el consistorio un servicio de atención a todos los afectados por este proceso de regularización.