"Las actuaciones que se llevaron a cabo con las dos empresa fueron ajustadas a ley". Así se expresó ayer el edil de Organización, Funcionamiento y Personal de A Estrada, Alberto Blanco Carracedo, respecto a las contrataciones efectuadas por el Concello con las empresas Ricarsat y Emersafe, vinculadas al coordinador del Servicio Municipal de Protección Civil, Carlos Faílde.
Reiterando las argumentaciones del teniente de alcalde, Juan Constenla, el pasado sábado, y tras la celebración de la comisión de Organización y Personal la tarde-noche del pasado miércoles, en la que se dio cuenta del informe de Secretaría sobre la prohibición de los empleados públicos para contratar con las administraciones, Blanco valora que "uno de los partidos de la oposición" reconozca la legalidad "tratando de dejar el tema en una cuestión de ética, pero no de legalidad". Y, en este sentido, señala que "lo que realmente tiene que importar a este grupo de gobierno es el cumplimiento de la legalidad que, entendemos, se respetó en todo momento", dice.
En el lado opuesto están PSOE y Móvete, que ayer coincidieron en señalar que podría existir un "conflicto de intereses" en las contrataciones. El PSOE estima que "alrededor de un 95%" de ellas fueron aprobadas "directamente por el alcalde o a través de la junta de gobierno local, en la que solo están miembros del PP", explica la portavoz socialista, Belén Louzao. No obstante, señala que "no se puso nada encima de la mesa que sirva para dirimir" si puede haberlo o no. Por ello, su grupo solicitó un informe de Intervención en el que se certifiquen todas las facturas que se presentaron a lo largo de estos años desde que el trabajador es propietario de la empresa "Entendemos que sí se produjo conflicto de intereses, por lo que pedimos que se diriman responsabilidades en materia de personal, disciplinaria y de contratratación en ambos casos", es decir, en las facturas con Ricarsat y con Emersafe.
Su homóloga de Móvete, Mar Blanco, señala que "todas las adjudicaciones hechas a las empresas relacionadas con Faílde fueron realizadas directamente en la junta de gobierno local, por lo que entendemos que puede haber conflicto de intereses. Tanto los miembors del gobierno como el empresario pertenecen al PP", explica.
Pagos de 2014
Sobre las facturas abonadas a Ricarsat en 2014, cuando ya Carlos Faílde era su administrador, Blanco explica que se trata de pagos "por pequeños arreglos" -por un montante de unos 3.700 euros-, y que, "en todo caso, habrá que ver si su contratación fue antes de incurrir en prohibición de contratar o no". Al respecto, Móvete reitera que "el Concello pagó a Ricarsat un total de 7.442,31 euros durante el 2014, incurriendo en prohibición". La formación reclama más datos al gobierno local, al que le pide que explique hasta cuándo existiría la prohibición de contratar con las empresas vinculadas a Faílde, una vez que este deje su puesto en la administración pública. Critica que el gobierno no facilitase en la comisión del miércoles toda la información solicitada ya en el pleno del pasado día 6, como la relativa a la relación de facturas que abonó el Concello a Ricarst y a Emersafe desde 2014, así como "las relaciones económicas del Concello con ambas empresas a través de subcontratas, y los correspondientes informes de Intervención". También pide que aporte "el objeto social de Emersafe, empresa de la cónyuge y de la que el propio Faílde es apoderado", para valorar "si existe conflicto de intereses".
