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Unos treinta afectados por el nuevo parque eólico presentan una alegación conjunta

-Recurren la declaración de utilidad pública del proyecto denominado Outeiro Grande - Alertan de su impacto ambiental y de que afecta a traídas de agua de Olives y Espiñeiros

Reunión de afectados con abogados del SLG, celebrada el pasado 10 de abril en Olives. // Bernabé/Cris M.V.

Una treintena de afectados por el proyecto de instalación del parque eólico Outeiro Grande, que está previsto asentar en terrenos de A Estrada, Forcarei y Silleda, presentó la pasada semana una alegación conjunta contra la declaración de utilidad pública. Asesorados por el Sindicato Labrego Galego, de la mano de dos abogados, propietarios -en su mayoría- y vecinos se sumaron a esta reclamación común, que formularon ante la Consellería de Economía, Emprego e Industria.

En el texto de alegación, que acompañan con un listado de firmas, los reclamantes alegan que la empresa que pretende ejecutar el citado parque eólico no se puso en contacto con los afectados y que "en ningún momento trató de lograr cualquier tipo de acuerdo para evitar acudir al procedimiento expropiatorio" para hacerse con los terrenos. Por tanto, entienden que "no existe justificación" por parte de la firma para realizar la solicitud de declaración utilidad pública "ya que no hubo un intento previo de conseguir acuerdos ". El proceso sigue en marcha. De hecho, ayer la Consellería publicó a través del Diario Oficial de Galicia una relación de terrenos de propietarios desconocidos y de dueños con los que no pudo contactar para informarles de que el expediente está a su disposición durante 30 días para su consulta.

Por su parte, los alegantes consideran que "debería de realizarse un análisis del aprovechamiento real del recurso eólico" antes de impulsar la instalación. Se refieren al "aprovechamiento mínimo" que se registra "en muchos parques eólicos españoles". Apuntan también que respecto a la afectación medioambiental, el proyecto solo recoge los datos relativos al parque eólico Outeiro Grande, sin tener en cuenta los instalados o proyectados en la misma zona. Señalan que el Estudio de Impacto Ambiental es "incompleto e insuficiente", pues únicamente se refiere a las consecuencias de la ejecución de la obra, pero no a las derivadas de su puesta en marcha.

Devolución de subvenciones

En su alegación, los afectados alertan de la proximidad del futuro parque al humedal de las Brañas de Xestoso y de la Lagoa Sacra de Olives, incluidos en la Rede Natura 2000. Entienden que "se va a ver afectado" por las instalaciones. Además, argumentan que el proyecto no tiene en cuenta que en algunas de las fincas afectadas existen plantaciones subvencionadas, lo que, de salir adelante el proyecto, los dueños correrían el riesgo de tener que devolver las ayudas recibidas. La presencia de "varios manantiales" destinados a consumo tanto humano como de explotaciones ganaderas también les preocupa, pues consideran que pueden verse afectados por la ejecución de las obras. Cabe señalar que los demandantes consideran que el proyecto afecta a las traídas de agua de Olives (A Estrada) y Espiñeiros (Forcarei).

El impacto paisajístico del parque es otro de los asuntos a los que se refieren los recurrentes, que recuerdan que puede llegar a perjudicar el potencial turístico de la zona.

Explican, por ejemplo, que su cercanía "afectaría negativamente" a los Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Serra do Cando, de la Serra do Candán o las Brañas de Xestoso. Además, aluden al impacto acústico de los aerogeneradores. Entienden que el estudio sonoro que acompaña al proyecto "no contempla los riesgos reales" para la salud de las personas, y no solo de las que habitan en la zona, sino de quienes la visitan con mayor o menor frecuencia. Respecto a la fauna, apuntan que el "elevado número de parques eólicos situados en el entorno" suponen "un obstáculo para el movimiento de las aves". Por otra parte, mencionan las afecciones a los usos ganaderos y cinegéticos que generaría el parque y el "alto riesgo de incendios" que supondría su puesta en funcionamiento.

El plazo de presentación de alegaciones contra la declaración de utilidad pública finalizó el pasado día 20.

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