El Partido Popular de Lalín conmina al grupo de gobierno a ofrecer declaraciones sobre cuáles fueron sus intereses en relación a la sentencia que condena al Concello a recuperar una pista en Bendoiro a raíz de la denuncia de un particular contra otro y también contra la administración local. Los populares se preguntan si pesaron más "las afinidades políticas concretas" que la defensa del bien común e insisten en que esperan "un razonamiento claro y contundente" en este sentido.
El principal grupo de la oposición sostiene que el auto dice con claridad que el Concello se negó a atender las pretensiones del denunciante en la defensa de la titularidad pública del antiguo camino del lugar de Vilasoa "y deja clara la inacción municipal" en un asunto "que al gobierno parece no le interesaba defender por motivos que debería explicar y que son difíciles de entender". El PP alude a la "inactividad administrativa" expresada en el fallo y subraya que el mismo también conmina al cuatripartito a cumplir con su obligación "de adoptar cuantos acuerdos y actuaciones sean precisas para la defensa y recuperación para el uso público del camino litigioso". En consecuencia entiende que esta valoración evidencia que el ejecutivo local "miró hacia otro lado en beneficio de los intereses de un particular en vez de proteger un camino que es de titularidad municipal como la sentencia reconoce".
El primer paso será, como indicamos, que el gobierno ofrezca explicaciones convincentes y, en caso contrario, el PP avanza que solicitará la comparecencia en pleno del regidor, Rafael Cuiña, o del edil de Rural, Miguel Medela. Asegura que el mandatario participó en varias reuniones con los demandantes, sin atender sus peticiones "que por lo que se ve ahora eran de justicia y que uno y otro desoyeron, aunque eso implicase la no defensa de los intereses municipales y de los de la mayoría de los ciudadanos", argumenta.
El grupo municipal popular contrapone la actitud del ejecutivo municipal con la de los anteriores gobiernos de su partido en el municipio. En este sentido manifiesta que mientras que antes el Concello no dudaba en llevar ante la justicia a aquellos particulares que pretendían ocupar unos bienes de titularidad municipal, que representan un servicio a la comunidad como los casos de los caminos, ahora son los vecinos los que deben llevar al Concello al juzgado para que se defienda la propiedad municipal y no los de una persona en concreto. Por último, recuerdan que el auto condena en costas al ayuntamiento.
Cruz apunta a Alonso
El edil no adscrito Juan José Cruz, apunta a la concejala de Medio Ambiente, Celia Alonso, como partícipe de este caso. Pregunta si el regidor era conocedor de esta irregularidad, por qué no se evitó que este asunto fuese judicializado o si el mandatario y Alonso "se posicionaron a favor de algún amigo".
