La construcción del edificio comarcal de servicios integrados de Medio Rural en Lalín, anunciado por la Xunta en 2009 y del que nada se sabe desde hace años, podría demorarse hasta 2022. El proyecto no ha sido una de las prioridades del gobierno autonómico en los últimos tiempos y prácticamente ha caído en el olvido pese a que entonces el Concello puso a disposición de la consellería los terrenos para un inmueble que supondría una inversión de 1,3 millones de euros y la centralización en la capital dezana de los recursos de este departamento autonómico.

Una de los servicios que iría a este edificio es la Oficina Comarcal de Medio Rural (OAC) de Lalín que, emplazada en un piso de la calle Areal, incumple la normativa de accesibilidad, algo denunciado en los últimos años por trabajadores de este departamento. Para dar solución a este asunto la consellería acaba de abrir un concurso público para trasladar estas dependencias a otra edificación del municipio. Tras dos procesos fallidos en los últimos años, la consellería retoma un contrato para el alquiler de un local "dentro del casco urbano" lalinense. Medio Rural busca un inmueble de una superficie mínima de 350 metros cuadrados útiles -en el anterior concurso eran entre 350 y 500- que deberá estar en planta baja o baja y alta comunicadas por ascensor. La duración del contrato es de nuevo por diez años desde la firma del contrato. Si en el pliego de 2015 se establecía que el acuerdo entre administración y particular podría rescindirse por la Xunta sin indemnización alguna, ahora se suma otro año más. Es decir, en principio la Xunta mantendría al OAC en su nueva ubicación durante un lustro, descartando así el edificio comarcal hasta al menos 2022, salvo que apueste por la infraestructura de mayor dimensión al tiempo que la antes llamada oficina de Estruturas Agrarias funcione de manera independiente.

El pliego, redactado por la Consellería de Facenda, establece que la renta en concepto de alquiler será de 1.200 euros mensuales más IVA a abonar a mes vencido y la cuantía podría ser revisada anualmente con el IPC relativo al alquiler de la vivienda a nivel provincial. El plazo de presentación de ofertas se mantendrá abierto durante un mes a partir del día de hoy. El coste máximo de los gastos de publicidad será de 1.200 euros. Además, el inmueble deberá disponer ya de un acondicionamiento mínimo que comprenda pavimentos, paredes, techos y preistalaciones precisas para su utilización como oficina.

Para este proceso la administración autonómica habilita un total de 204.480 euros IVA incluido.