El gobierno de Lalín no será capaz, en el mejor de los casos, de aprobar el presupuesto municipal de 2017 hasta la segunda mitad del año. Para sacar adelante la cuenta tiene dos alternativas: ganarse los ahora improbables apoyos del Partido Popular, o que el alcalde, Rafael Cuiña, se someta a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del documento económico. La primera parece complicada a raíz del anuncio, la semana pasada, de los populares que daban por rotas las negociaciones por "desconfianza" y "deslealtad" del ejecutivo hacia ellos. La segunda es casi el camino, además de que ya así lo reconoce el mandatario.

Cuiña, en declaraciones a una emisora de radio comarcal, realizó ayer un llamamiento al PP a reconsiderar su postura y volver a sentarse para pactar las cuentas mediante acuerdos "puntuales o genéricos". Pero el equipo de José Crespo cerró la última reunión negando cualquier posibilidad no solo por la citada deslealtad, sino por otras cuestiones como que el cuatripartito no había sido de nuevo consciente de su minoría numérica en el salón de plenos al no incluir ninguno de los proyectos del PP al Plan Concellos aprobados en pleno. El pasado viernes Crespo se mostró tajante y acusó al gobierno local de buscar un acuerdo cuando sistemáticamente se habían obviado acuerdos vinculantes, en relación a obras propuestas por su grupo como, por ejemplo, las depuradoras de Prado y Vilatuxe.

Pero Cuiña insiste en llamar a la puerta de los populares y recalca que su gobierno tratará de negociar "hasta el último minuto". Enmarca las acusaciones de "deslealtad" dentro de la disputa política y también en esta clave señala que Lalín precisa de un presupuesto "para mejorar las condiciones de vida de los vecinos del rural y del núcleo urbano". Aduce que "nadie entendería" que los grupos políticos no se sentasen y tampoco otras circunstancias que no fuesen encaminadas a aprobar el documento económico de este año, que sigue prorrogado del anterior.

En relación a la cuestión de confianza, el alcalde reconoce que es una vía que ofrece la ley y que tiene en cuenta si fracasan las demás alternativas. "No nos importaría, porque además el PP no presentaría una moción de censura porque la pierde, ya que el concejal tránsfuga -en alusión al no adscrito Juan José Cruz- no la puede apoyar con su voto". De este edil dijo que él seguirá ignorándolo y que su gobierno replicó la semana pasada una de sus declaraciones porque sus palabras sobre la detención de un inmigrante por supuestamente vender productos falsos en la feria tenían presuntas connotaciones racistas.