08 de abril de 2017
08.04.2017

Medio Ambiente impone una sanción de 25.000 euros al vertedero de Campomarzo

La consellería reconoce así las denuncias tanto de vecinos como de Arcodega sobre el vertido de residuos impropios -Siguen abiertos dos expedientes a otros tantos gestores

08.04.2017 | 03:13

La Consellería de Medio Ambiente, a través de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, resolvió el expediente abierto a principios de septiembre contra la firma Explotación Minera de Campomarzo por un presunto uso indebido de su vertedero de inertes. El departamento que encabeza Beatriz Mato impone una sanción de 25.000 euros por el depósito de residuos que deberían ser tratados en otras zonas para su reciclaje y puesta en valor.

Con esta decisión, la Xunta reconoce hasta qué punto tenían razón tanto los vecinos de Abades -que se quejaron desde principios del año pasado del continuo trasiego de camiones hasta el vertedero-, el BNG de Silleda, que se hizo eco de estas quejas varias veces en pleno, y la Asociación Profesional de Recicladores de Residuos de Construcción y Demolición (Arcodega), que presentó una denuncia formal el pasado 23 de mayo. La investigación sobre Campomarzo llevaba pareja otra sobre los gestores que hacen uso de estas instalaciones durante los dos últimos años. Fue así como se abrió expediente a una empresa de A Coruña y otra de Lugo. Por el momento, estos sumarios siguen en tramitación, de modo que por el momento no hay ninguna resolución en firme.

Suspensión de actividad

Desde Arcodega se deja claro que la sanción económica no es suficiente en comparación con el daño ambiental de esta práctica, pues en el vertedero se producen, indica, recepción de residuos industriales, contaminación, lixiviados y continuos vertidos, ya que a simple vista se puede comprobar la presencia de bolsas de plástico, maderas y otros desechos. Para más inri, Campomarzo carece de una planta específica y de maquinaria con la que tratar esos residuos de construcción y demolición.

Por todo ello, el colectivo confía en que la multa económica lleve aparejada la suspensión "plena y efectiva" del vertedero, tal y como se hizo con un caso similar en Lugo. Añade que la legislación vigente implica la imposición de multas coercitivas, pero también la reparación del daño causado, ya que la política actual es que "el que contamina, paga y repone la legalidad", indican.

Por otra parte, Campomarzo mantiene otro frente abierto, éste en los juzgados, con el Concello de Silleda. La empresa recurrió una sentencia de un juzgado pontevedrés que le obliga a pagar a la administración local 270.000 euros por el canon de vertederos.

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