24 de febrero de 2017
24.02.2017

UGT pide la dimisión de Blanco y del director de Régimen Interno

Dice que habrá nuevas sentencias laborales contra el Concello similares a la que tumbó la oferta pública de empleo de 2016

24.02.2017 | 03:22

La sección sindical de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) del Concello de A Estrada asegura que "a lo largo de este año es probable que se produzcan más sentencias" de tipo laboral similares a la dictada recientemente por el Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Pontevedra, que anula la oferta pública de empleo para 2016.

El colectivo anuncia que el recurso que interpuso -y ganó- contra el acuerdo de aprobación de la citada oferta pública "no va a ser la única cuestión que denunciemos" y sostiene que también otros sindicatos y los propios trabajadores a título individual sopesan la presentación de más querellas. Así las cosas, reitera la petición de dimisión -ya formulada en 2015- para el actual concejal de Personal, Alberto Blanco, y para el director de Régimen Interno, en calidad de asesor. "Está claro que el lío está provocado por estos responsables (...), por lo que la decisión de dimitir podría ser una buena solución para allanar el camino del entendimiento" entre las partes, "pero como sabemos que eso no va a suceder, o es prácticamente imposible que voluntariamente tomen esa decisión, vamos a esperar a acumular algún que otro revés para pedir directamente el cese", explica.

Asegura que el alcalde, José López, ejerce "una provocación constante" hacia los trabajadores y las formaciones sindicales que los representan "desde que nombró responsable al actual concejal de Personal y al Director de Régimen Interno". Respecto a esto último, alude a los "más de 187.000 euros brutos anuales" -excluidas las cotizaciones a la Seguridad Social- que suman los sueldos del alcalde (55.000 euros), del edil de Personal (20.000 euros), del director de Régimen Interno (42.442 euros más Productividad), de la secretaria municipal y de la funcionaria responsable de los asuntos de Personal (70.000 euros entre ambas). Argumenta que es un gasto de suficiente peso como para "dejar desamparados" a los trabajadores con sus decisiones en materia de ordenación laboral. Por ello, el hecho de que el Concello no se haya presentado al juicio por la demanda formulada por el sindicato sobre la oferta pública de 2016 demuestra "una falta de responsabilidad".

La sección sindical señala, además, que puso en conocimiento del Concello su intención de presentar un recurso desde el primer momento en que tuvo conocimiento de la ilegalidad de la oferta de empleo, por lo que la administración lo sabía antes de realizar las convocatorias y la seleccion, por lo que pudo haber paralizado el proceso.

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