En julio de 2015, el gobierno de Rafael Cuiña decidió resolver el convenio con la Uned y cerrar el aula de Lalín, con las "peregrinas escusas" de que habían cambiado las prioridades, que el número de estudiantes era escaso -ese año bajó en todos los centros asociados, pero subió los siguientes- para los 50.000 euros de gasto, dinero que iría para bonos de transporte y políticas sociales. Según el PP, fue "una de las decisiones más involucionistas" que tomó nunca la corporación, "cargándose un avance por el que lucharon y siguen luchando localidades de toda Galicia". La escenificación del cierre se produjo en el pleno de agosto de 2015 y quedó certificada en octubre, cuando la junta rectora de la Uned resolvía el convenio con el Concello de Lalín.
Meses después, la Diputación -gobernada por el bipartito PSOE-BNG- anunciaba un convenio con el Concello de Vigo (PSOE), firmado en abril de 2016, por el cual invertía en la nueva sede olívica de la Uned cerca de 800.000 euros. Desde el PP entienden que una colaboración similar permitiría el funcionamiento del aula lalinense durante quince años. Del aula lalinense queda un edificio casi vacío y, de lo que costaba, apenas 15.000 euros fueron para transporte universitario, mientras que los 40.000 restantes "se despilfarraron en otras cuestiones mucho más superfluas". Por todo ello, los populares insisten en "la necesidad de recuperar un servicio socialmente útil, que nunca se tuvo que haber perdido".
