La sentencia del juzgado pontevedrés tumba las pretensiones de Fenosa, pero también siembra dudas sobre el proceder de la Xunta. En este punto insiste el colectivo ecologista Adega, que recuerda que el fallo judicial pone en entredicho la validez de la Declaración de Impacto Ambiental al indicar que "existen serísimas dudas acerca del verdadero impacto de las obras a ejecutar". Para Adega, la Xunta incluso podría haber caído en un delito de prevaricación, al existir un "serio problema de rigor e imparcialidad", como indica el colectivo en un comunicado.
Por eso, cree que desde las diversas consellerías que emitieron informes sobre el proyecto eléctrico existe la "obligación moral" de revisar de oficio el proceso. Para ello, debe suspender de forma cautelar las autorizaciones que se otorgaron. En todo caso Adega trasladará a la Fiscalía Ambiental del TSXG este caso, para que se investiguen las presuntas malas prácticas, que ya se dieron en otros proyectos de Ence, Reganosa o el embalse del Umia. Desde la Xunta, la Consellería de Medio Ambiente está a la espera de recibir la sentencia, y se indica que una vez que se estudie se verá qué se puede hacer dentro del marco legal.
Al igual que apunta el cuatripartito de Lalín, cree que Fenosa debe desistir de ejecutar la obra tal y como la ha diseñado, para optar por alternativas que se expusieron más de una vez: el soterramiento de la línea o cambios en su trazado.
Unións Agrarias
Por su parte, la organización Unións Agrarias también se suma a la lista de colectivos que brindan por esta sentencia. Muestra su "rotundo apoyo" al cuatripartito así como a la plataforma Salvemos Catasós, cuya lucha entiende todo el mundo. Confía en que el recurso de Fenosa ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prospere.
