Tal y como avanzó semanas atrás el sindicato CIG, la empresa Explotación Minera de Campomarzo presentó en el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Pontevedra la documentación para iniciar el proceso de declaración de concurso de acreedores. El siguiente paso, según señala el sindicalista Antón Merayo, será la designación de un administrador y la comunicación de créditos por parte de los acreedores (este trámite suele disponer del plazo de un mes desde la publicación en el BOE de dicho concurso).
Entre los impagos que tiene esta empresa figuran en torno a 60.000 euros que se adeudan a seis extrabajadores. Por este pasivo, en octubre de 2015 y a petición de dicho sindicato los juzgados ordenaron el precinto de la maquinaria de la empresa, con vistas a su embargo y posterior subasta para disponer de dinero con el que pagar a esos antiguos trabajadores. Pero la entrada en concurso de acreedores paraliza la puja, indica Merayo, aunque el embargo siga en pie, de modo que la empresa puede continuar trabajando con esas máquinas. Éste no es el único frente que tiene abierto la empresa, puesto que también recurrió una sentencia que la obliga a pagar 270.117 euros al Concello de Silleda por el canon de escombros de varios años, y está pendiente de un expediente de Medio Ambiente por el presunto uso irregular del vertedero.
