El gobierno lalinense ha retomado su batalla contra el prohibitivo peaje de la autopista que conecta Santiago de Compostela con la comarca dezana. Las históricas reivindicaciones, que comenzaron poco después de la construcción de la AP-53, hace ya 14 años, han tenido nulo resultado con los gobiernos estatales y salvo sorpresa el alcance de esta nueva iniciativa podría acabar en términos semejantes.

En la moción que se debatirá en el pleno del próximo jueves se plantea a Fomento que transfiera la vía de alta capacidad a la Xunta para, posteriormente, la administración autonómica deje sin efecto las tarifas de la autopista. El recorrido de la propuesta es una incógnita, pero hay que tener en cuenta que a comienzos del presente año ya se aprobó y por unanimidad una moción en la que se exigía en primer lugar una bajada de los precios y también el traspaso de la infraestructura a la Xunta. Desde el Santiago incluso se llegó a respaldar, en el Parlamento de Galicia, la transferencia de la vía, para luego tener potestad para establecer desde peajes blandos hasta una contención en unas tarifas que no han hecho más que subir desde que esta conexión por carretera se abrió en un primer tramo entre Compostela y Silleda.

Ahora el cuatripartito lalinense insiste en que al margen de que la demanda formulada hace más de 10 meses no tuvo respuesta, la densidad de tráfico de la AP-53 es baja precisamente por su alto coste para el usuario, mientras que la N-525, que debería servir como alternativa, está masificada. A juicio del grupo de gobierno lalinense el prohibitivo precio del peaje afecta de forma muy directa a la movilidad de municipios como Lalín, Silleda y Santiago que, por su proximidad geográfica, están llamados a colaborar en cuestiones que les afectan directamente como el hecho de que en Compostela esté su área sanitaria de referencia. Además de citar que el precio de la vía es uno de los más elevados de las autopistas de peaje españolas, se cita el "carácter especulativo de su concesión, pues el capital de la administradora pertenece a fondos buitre canadienses, holandeses y británicos, por lo que no se garantiza en absoluto la condición de servicio público que tiene que tener una vía de esta índole".

El acuerdo pasa porque Fomento traspase la titularidad de la AP-53 en sus tramos Ourense-Dozón -éste es de la Xunta y es una autovía libre de peaje- y Dozón-Santiago a la administración gallega "lo antes posible". Y que una vez que la Xunta recepcione la infraestructura, se comprometa a realizar gestiones para anular el peaje.