El fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña Salto, es un jurista brillante -doctorado con sobresaliente "cum laude", número uno en las oposiciones de ingreso en las carreras judicial y fiscal con tan solo 24 años- que recaló en 1993 en el Tribunal Constitucional hasta que en 2006 alcanzó su actual puesto. Ayer, realizó su primera incursión docente en la Agasp. Ve "importante" que haya jornadas así porque "con la última reforma" urge resolver problemas relativos a "los medios tecnológicos de investigación" y a "dudas de interpretación de la ley", que exige una decisión judicial para cuestiones tales como colocar un GPS. Jueces, fiscales y policía tienen que fundamentar bien esas medidas. A él le correspondía hablar ayer del marco constitucional de los derechos fundamentales afectados pero en la jornada también se habló de técnicas: "aparatos de geolocalización, intervenciones telefónicas" o "grabaciones ambientales". Noreña explicó a FARO que la lucha antidroga "ha cambiado mucho en los últimos años". "Cada vez se utilizan menos los teléfonos, se camuflan más y es más complicado" por lo que la lucha antidroga es "constante", "desigual casi" y obliga a innovar. Cree que las entregas vigiladas -"interesantes para llegar a la organización"- "podrían aprovecharse más" y que la nueva ley plantea problemas con dispositivos de geolocalización en objetos que no son coches. Ve "un poco excesivo tener que ir a un juez para que lo acuerde" y por eso y otros problemas estima que "probablemente habrá que ir" a una nueva "reforma legal".
