Sucede que cada vez es más frecuente que, en caso de separación o divorcio, deba de ser un juez quien finalmente decida en qué centro educativo se matriculan los niños menores de la pareja que se acaba de romper. Así lo constata la Fiscalía Provincial de Pontevedra en su memoria, en la que además el Ministerio Público se despacha a gusto con estos padres que, señalan, en muchas ocasiones "olvidan que es el interés superior de su hijo el más necesitado de protección" en estos casos.
Señala la Fiscalía de Pontevedra que la mera oposición de un padre o una madre no privados de la patria potestad a la matriculación del alumno en un centro concreto obliga necesariamente a abrir un expediente de jurisdicción voluntaria para que sea un juez quien autorice o deniegue la matrícula en caso de cambio de colegio. Aún cuando esta oposición sea "caprichosa y sin fundamento".
Es este mismo calificativo, el de "caprichosa" e "incluso egoísta postura", el que dedica el Ministerio Fiscal a aquellos progenitores que "sin más fundamento que la diferencia o rencilla que mantiene con el otro progenitor) aboga a un expediente judicial a la familia para decidir en qué centro debe cursar sus estudios. Es por ello que piden que se hagan efectivos los cambios legislativos para que se facilitase a la dirección de los centros escolares autorizar la matrícula de los menores aunque mediase la oposición de alguno de los progenitores. Actualmente, algunos centros ya están autorizando la matrícula de forma cautelar a la espera de lo que determine el juez tras analizar la situación la Inspección Educativa.
Asimismo, la Fiscalía expresa su deseo de que "en un futuro no muy lejano la guarda y custodia compartida sea no tanto la excepción como la norma" de tal forma que "la problemática apuntada vaya diluyéndose".
La Fiscalía incluye estos apuntes en el apartado que su memoria dedica a la protección de menores, un ámbito en el que el Ministerio Público juega un papel fundamental.
602 menores desamparados
El pasado año se abrieron un total de 197 expedientes de protección a menores en situación de riesgo y se señala que en la provincia hay actualmente 602 menores en situación de desamparo y bajo tutela pública. Además, otros 178 están en régimen de guarda y otros 155 son usuarios del recurso de atención de día.
La Inspección Educativa es uno de los canales fundamentales para que la Fiscalía pueda detectar situaciones de gravedad que pueda padecer un menor en los centros educativos. El pasado año este organismo trasladó al Ministerio Público una situación de posible acoso escolar grave, 6 posibles situaciones de desprotección por parte de menores, 5 situaciones de posible maltrato a menores, tres expedientes de desescolarización y otras tres posibles situaciones de presuntos abusos sexuales.
También se combate el absentismo. Una vez detectado un posible caso, se cita a los padres para comprobar cual ha sido su comportamiento al respecto (tolerancia, permisividad, pasividad o, por el contrario, implicación y colaboración con el centro). Se les informa y advierte de las consecuencias penales que su conducta puede tener y se cursa oficio al centro escolar para realizar seguimiento en el inmediato trimestre escolar para ver si se ha corregido este comportamiento.
