La exalcaldesa de Silleda Ofelia Rey ha sido condenada por prevaricación, lo que supone su inhabilitación para el desempeño de un cargo público durante siete años. Así ha fallado la titular del Juzgado de lo penal número 4 de Pontevedra en relación a la denuncia presentada por la también exmandataria socialista Paula Fernández Pena, que extendía su denuncia a dos técnicos municipales, por firmar supuestas certificaciones falsas.

La acusación se ciñe al hecho del 26 de abril de 2011, cuando Rey firmara un decreto como alcaldesa para levantar un reparo suspensivo de la interventora con el que se ordenaba el pago de dos facturas por 3.306 euros al edil electo en ese momento Gerardo Lázara. El Ministerio Fiscal concluye que Rey realizó tomó esta decisión a sabiendas de que no podía contratar con Lázara por ser edil de la corporación, al estar expresamente prohibido por ley. La única condenada debe abonar, además, un tercio de las costas procesales, declarándose el resto de oficio.

En la absolución del arquitecto técnico municipal José Antonio Presas Ferreiro -vinculado al consistorio desde hace tres décadas- la magistrada estima que no realizó en ningún momento certificaciones falsas en proyectos de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) a su paso por el municipio. Su defensa, el abogado Carlos Collazo, coincide con la postura de la jueza y precisa que el único testigos aportados por Paula Fernández Pena ni siquiera ratificó su primera declaración. Además, la magistrada entiende que la devolución de avales a las empresas constructoras-certificaciones falsas- a las que alude Pena en su denuncia carecen de sostén probatorio. La defensa de Presas Ferreiro cree que en la denuncia contra Rey se trató de involucrar, dentro de la lea política, a un funcionario con un expediente impoluto. El otro trabajador municipal denunciado, José Luis Rodríguez González, que ya no está en su puesto, también fue absuelto.