Gobierno y oposición de Lalín han entrado en una lucha acerca de las responsabilidades de unos y otros en la puesta en marcha del Centro de Alta Resolución (CAR). Mientras el ejecutivo culpa a la Xunta y al anterior equipo popular de José Crespo de que no haya avances desde 2011, el PP local dice que la responsabilidad de mover ficha con el Sergas compete al gobierno de Rafael Cuiña. El concejal de Sanidade, Nicolás González Casares, conmina al departamento de Jesús Vázquez Almuiña a mostrar el anteproyecto y estudio técnico del CAR y Crespo ya mantuvo ayer una reunión con el conselleiro para interesarse por el estado de una obra tantas veces anunciada como promesas incumplidas tuvo.

La disputa parte a raíz de que el Sergas, como adelantó FARO, advirtiese la semana pasada que en febrero del año pasado la exconselleira Rocío Mosquera había presentado un "protocolo de colaboración" con el Concello y que dos días después pidió formalmente al anterior ejecutivo que lo refrendase con un expediente de cesión de los terrenos, obteniendo el silencio como respuesta. Casares, el sábado, reclamó a la consellería que se pronunciase acerca del estado de este proyecto y anteayer el PP censuró al concejal por lo que entendía como una dejación de funciones.

Casares compareció ayer para mostrar su punto de vista sobre la cronología de una obra que se eterniza y que la Xunta no habría acometido por falta de presupuesto en los últimos años. El edil confirmó que en la comunicación remitida a la consellería se pide una reunión entre el alcalde, Rafael Cuiña, y Vázquez Almuiña. Sobre cómo se desarrolló este proceso, González Casares recordó que el 31 de enero de 2011 concello y consellería firmaron un convenio que establecía claramente que el gobierno gallego se comprometía a construir el complejo sanitario y la administración local a aportar los terrenos. Una vez, dice, que los predios de Alto de Vales ya fueron conseguidos y a los que se destinaron 270.000 euros, la pelota estaba en el tejado del Sergas. Posteriormente, a finales de febrero del año pasado, representantes de la consellería se desplazan a Lalín para firmar otro protocolo, al margen del ya suscrito en 2011. La exconselleria Rocío Mosquera y el anterior alcalde José Crespo presentaron un "protocolo" que para el concejal lalinense es menos ambicioso que el convenio en vigor. Así, concreta que en el mismo se hace mención a que el gobierno gallego pretendía iniciar la evaluación de los diferentes modos de financiamiento que posibilitasen la puesta en marcha del CAR "bajo criterios de sostenibilidad, tanto económica como asistencial, así como de la revisión de las necesidades funcionales para el establecimiento y el estudio de los elementos esenciales para la concreción final del proyecto". Este texto coincide con lo indicado a esta Redacción desde la consellería hace solo unos días y sería el documento -la disposición de los terrenos libre de cargas- que se pidió al Concello para incorporar al expediente. Esta carta salió de Sanidade el 26 de febrero y entró en el Registro municipal el 3 de marzo del año pasado. En la misiva enviada el lunes desde la Alcaldía a la consellería, además de la reunión con Vázquez Almuiña, se pide la convocatoria de la comisión de seguimiento del convenio firmado en 2011 y del grupo de trabajo paritario recogido en el protocolo de cooperación, también a dos bandas, presentado el 24 de febrero de 2015. Porque Casares recuerda que tanto en el convenio como en el protocolo se especificaba que había de reunirse esta comisión Concello-Xunta, pero que nunca se hizo. "Que dejen de marear la perdiz. La consellería sabe que tiene los terrenos y el PP local no queda muy bien con las declaraciones de la consellería. La Xunta echa balones fuera y Crespo, también", arguye. Casares matiza además que en el primer acuerdo el CAR se vinculaba al plan de mejora de infraestructuras sanitarias 2010-2013. Y también se pide el anteproyecto y el estudio de viabilidad, en caso de que existan.

"Nosotros nos fiamos del PP de Lalín, pero esto está todo en punto muerto por falta de voluntad, y no deseamos más visitas de conselleiros", comenta Casares, quien califica de "propaganda" el protocolo firmado hace ahora 14 meses. "Hay que hablar con seriedad y sinceridad, porque los ciudadanos desean saber si en los próximos meses la Xunta va a tomar una decisión o no. En un tiempo a lo mejor los que gobiernan son más próximos a nosotros, pero también reclamaremos el CAR, cueste lo que cueste".