Un informe de la secretaría del Concello de Silleda echa abajo la intención de la empresa concesionaria del abastecimiento del agua, Espina y Delfín, de cobrar los 600.000 euros de deuda que le reclama desde hace años al Concello. En concreto, la firma asegura que, a diciembre del año pasado, Silleda le debe 614.714 euros. La administración nunca reconoció este dinero, y de hecho no figura en los presupuestos de los últimos años. Tras hacer las deducciones oportunas y las correcciones que permite la ley, el informe de secretaría muestra un resultado positivo a favor del Concello, por un importe de 1.933 euros. A partir de la próxima semana el ejecutivo que encabeza Manuel Cuiña iniciará un periodo de negociación con la empresa.

Hace ahora 20 años, el 14 de octubre de 1996, el Concello de Silleda, con Juan Salgueiro a la cabeza, firmó un contrato de concesión con Espina y Delfín por un periodo de dos décadas, de modo que dicho convenio expira este año, por lo que urge la convocatoria de la Mesa del Auga. En esta organización se incluyen miembros de los tres partidos políticos así como representantes de los colectivos Avema, ECOS y Olaia. Las reuniones servirán para concretar el futuro de este servicio así como la gestión de las dos estaciones depuradoras de Silleda y de A Bandeira. La primera estuvo a cargo de Espina y Delfín durante 10 años, desde 2003 hasta 2013, y pasó a manos municipales a principios de 2014. En cuanto a la de A Bandeira, funcionó desde un principio bajo gestión local.

No es el único frente abierto que tiene Silleda en cuanto a servicios. En el pleno ordinario de mañana (10.00 horas) se votará una modificación del pliego de cláusulas administrativas de la convocatoria para licitar el servicio de recogida de la basura. A este proceso ya se habían presentado tres empresas, como trascendió en enero, y el Concello estaba pendiente de crear la mesa de contratación.

Pero un recurso de la Asociación Galega de Pequenos Empresarios contra el citado pliego de cláusulas que se aprobó en noviembre motivó que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda anulase el proceso. De este modo, mañana se votarán cuestiones como la calificación del contrato como de servicios, en lugar de gestión de servicios, y la exclusión en los criterios de adjudicación de la experiencia y del radio de 30 kilómetros de medios a disposición. Las bases se publicarán en los boletines estatales y en el Diario Oficial de la Unión Europea.