El gobierno lalinense conmina al PP a aclarar "antes de 72 horas" qué ocurría con algunas contrataciones municipales como las temporales con cargo a los planes de la Diputación. El alcalde, Rafael Cuiña, asegura que su equipo tiene en su poder un documento en el que figuran nombres de personas afines al Partido Popular que sería manejado por el anterior gobierno para planificar los contratos.

Cuiña demanda al anterior ejecutivo local "explicaciones contundentes" sobre un episodio que está siendo analizado con abogados por tratarse de un supuesto delito de tráfico de influencias. "¿Qué nombres aparecen en este listado? ¿Por quién estaban recomendados?" enfatizó ayer el alcalde ante lo que considera unos hechos graves por los que debería responder el PP. El mandatario y el teniente de alcalde, Nicolás González Casares, indicaron que este documento fue localizado en el consistorio y en el mismo figura una relación de personas que concurrirían a las ofertas de empleo, su contacto o vinculación con algún miembro del grupo de gobierno, así como si el exalcalde José Crespo había dado en casos el visto bueno o no a la petición para que estas personas accediesen a estos puestos de trabajo temporales.

Cuiña, que admitió que la ciudadanía merecía una explicación sobre el cisma en el gobierno protagonizado por A Plataforma Aberta Cidadá de Lalín (APAC) y BNG, dijo que los populares no están en condiciones de darle lecciones en otros asuntos. Y además del caso ya mencionado, quiso destapar otros que a su juicio son lo suficientemente serios como para que el anterior gobierno popular se pronuncie. Aseguró que en años pasados las aportaciones de empresas o particulares a las fiestas patronales o al Cocido no fueron fiscalizadas por el departamento de Intervención; es decir, que no se realizó un control sobre este dinero o al menos no se plasmó en los balances de ingresos como es preceptivo. "Podemos ser un poco quijotes, pero no parvos", apostilló el munícipe.

Tanto el alcalde como su número dos aseguraron que estas cuestiones interesan más a la ciudadanía que una disputa entre dos partidos del gobierno. O que también tiene relevancia social por qué el actual ejecutivo logró una rebaja de 400.000 euros en la compra del parking. Asimismo, echó en cara a los populares que dejasen "una hipoteca de casi seis millones de euros". En medio de estas acusaciones se coló, de nuevo, el tirón de orejas del PP al gobierno por plantear una cuarta dedicación exclusiva, luego revocada, para el edil del BNG, Francisco Vilariño. Rafael Cuiña lamenta que el partido de la oposición obviase en su crítica política que con cargo a los órganos de gobierno figura el sueldo de un asesor para el grupo popular. En este sentido dijo que si el PP entiende que ya había demasiadas nóminas en el gobierno, por qué pidió una para un administrativo adscrito a este grupo. "Es la primera vez en la historia que un partido de la oposición tiene un asesor y quizá deberíamos quitárselo, pero no lo vamos a hacer". También en clave política el alcalde preguntó a Crespo qué le parecía que el expresidente de la Diputación Rafael Louzán cobrase 48.000 euros como asesor en la Diputación, además de resaltar que los emolumentos del exalcalde como senador "por ir dos días cada dos semanas a Madrid" son más de lo que cobrarían juntos los ediles Miguel Medela y Francisco Vilariño.

En este furibundo ataque al PP local, Cuiña lanzó más dardos a su portavoz municipal. Así las cosas, preguntó si por todas estas acusaciones que había formulado debía responder José Crespo o a Lugués -el alcalde de Rodeiro, Luis López- "como nuevo representante del PP en Deza".