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La crisis de Asoporcel llega a la Xunta

Críticos con la gestión del colectivo se reúnen con Belén Docampo para darle a conocer el conflicto -Dicen que la dirección les niega el acceso a cuentas bancarias o poderes notariales

Una granja de animales porco celta en la provincia de Ourense. // Brais Lorenzo

Productores de cerdo de raza celta de la comarca y de otros puntos de la geografía gallega han trasladado a la Xunta su denuncia pública ante lo que consideran una absoluta falta de transparencia en la gestión de la Asociación de Criadores de Ganado Porcino Celta (Asoporcel). La primera reunión -se prevé llegar si es posible a la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez- tuvo lugar el pasado 5 de febrero con la directora general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén Docampo, a la que presentaron documentación y plantearon la posibilidad de intervenir para que las dudas sobre la gestión de Asoporcel fuesen despejadas.

Entre la decena de socios que acudieron a la reunión en la consellería hay miembros de la directiva de Asoporcel que se negaron a acudir a la asamblea celebrada el 6 de febrero en la sede de esta entidad, en Lugo. En este mismo inmueble, curiosamente, están las dependencias de la empresa privada Coporcel, comercializadora de cerdo de raza autóctona. Los críticos con la dirección de Asporcel aseguran que no es su presidente, Javier Vázquez Prado, sino el director técnico, José Antonio Carril, el que lleva una entidad en la que no existiría la transparencia que demandan productores asociados e incluso directivos. En la asamblea del 6 de febrero participaron cuatro de siete consejeros y fue necesario que uno de ellos actuase como secretario accidental. En esta cita se trataron algunas de las exigencias de los críticos: acceso al listado de socios, una copia actualizada de los estatutos, los movimientos bancarios en la cuenta de la asociación o los poderes que se habrían otorgado a José Antonio Carril para ser de facto el gestionase Asoporcel bajo su criterio. En este sentido, los productores aseguran que nada se ha hecho desde Asoporcel para tratar de recuperar una actividad económica "que va a la ruina".

En 2003 el secretario de la asociación, fundada hace 17 años, otorgaba con el visto bueno del presidente un poder general al director técnico que prácticamente le deja las manos libres para controlar la asociación. Carril estaría autorizado para realizar toda clase de compra o disposición de mercancías, adquisición, gravamen o disposición de operaciones bancarias de crédito, préstamo, leasing, descuento o "cualquier operación bancaria sin límite de cuantía", si bien para todos estos actos debería estar acreditado por el presidente con un acuerdo de la junta directiva. Los críticos es precisamente esto lo que resaltan; la concentración de poder en la persona de Carril, que hace caso omiso a sus reclamaciones tanto como asociados o incluso en calidad de miembros de la junta directiva.

En la asamblea del 6 de febrero los presentes despacharon la petición de las cuentas indicando que los peticionarios eran miembros de pleno derecho y estarían facultados para tener conocimiento de las mismas. Pese a que los críticos reiteran que enviaron sus solicitudes por burofax en dos ocasiones, siguen sin tener acceso a los movimientos bancarios, las cuotas que pagan los asociados o incluso desconocen el censo exacto de los socios. "La documentación está a su disposición permanentemente en las oficinas", así fue zanjada en asamblea la reclamación. En esta reunión además se acordó contratar con una empresa la realización de una auditoría tras inspeccionar los presupuestos remitidos por otras dos más. Y se decide convocar elecciones para el próximo día 12 a las 11.00 horas en primera convocatoria. Los estatutos de Asoporcel -los aprobados en su constitución- facultan a adolescentes a partir de 14 años para tener voto en las asambleas.

Al margen de lo que acontezca en el proceso electoral, los críticos con la dirección exigen a la asociación una rigurosa transparencia, máxime cuando se trata de una asociación que a lo largo de su historia recibió centenares de miles de euros de subvenciones públicas. El papel de la Xunta estaría en verificar que esas ayudas -muchas de fondos europeos- fuesen justificadas debidamente, cuestión que si bien no se niega, sí se llega a discutir. Los socios contrarios a este modelo de gestión aguardan por una respuesta de Belén Docampo desde la reunión celebrada en su despacho hace ahora casi un mes.

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