La dimensión del territorio es uno de los condicionantes para que los municipios de Deza y Tabeirós no sean capaces de recortar el gasto en alumbrado público. La implantación de nuevas tecnologías, pese a su coste, es una de las salidas para aminorar las elevadas facturas que abonan los concellos por iluminación de sus espacios públicos. Solamente Lalín y A Estrada, municipios de semejantes características, necesitan al año más de un millón y medio de euros para abonar la luz de sus luminarias públicas. La diferencia entre ambos no es nada desdeñable y mientras la capital de Tabeirós consignó el pasado año 931.000 euros, en el caso de Lalín fueron casi 650.000. Pero la carestía de este recurso público es común en todos los ayuntamientos de Deza y Tabeirós. Un ejemplo es Forcarei, que hace dos años había habilitado 221.000 euros para pagar el alumbrado y el pasado ejercicio tuvo que rebajar esta cuantía hasta los 204.000. O Agolada, que logró una contención de 18.000 euros anuales y presentó en sus cuentas municipales una partida de 146.000 euros. Un municipio como Vila de Cruces con una población de poco más de 5.500 habitantes y un presupuesto de 3,4 millones necesita más de 23.000 euros al mes para pagar el alumbrado repartido por su territorio. Incluso Dozón, el concello más pequeño de las dos comarcas, gasta más de 73.000 euros anuales en pagar este servicio.
