El pleito interpuesto contra el desarrollo de la urbanización de A Trigueiriza coloca al Concello en cierta medida entre la espada y la pared. Aunque la demanda no va directamente contra la administración local, que prospere hacia un lado u otro sí condiciona las posibles decisiones que el ejecutivo tome en este sentido. Los abogados que presentaron el pleito contra la aprobación del plan sectorial de Mercadona -el caso llegó ya al Tribunal Supremo- no pidieron en ningún caso, afirma Casares, la suspensión o paralización del plan de urbanización. Pero el gobierno local tiene dos problemas. En caso de decidiese agilizar la tramitación del proceso, una fallo del Supremo favorable a los demandantes podría desencadenar en consecuencias para la administración local al verse obligada a realizar modificaciones. Y si lo que decide es dejar en suspenso totalmente el expediente a la espera de una decisión judicial que podría demorarse, se generaría un perjuicio a los propietarios de los terrenos e impulsores del plan para favorecer el asentamiento de Mercadona. La parte recurrente apoya su recurso en que este proyecto incumpliría el Plan Xeral, algo que los afectados han negado, avalando la legalidad del mismo.
