La Dirección General de Catastro iniciará en Lalín a finales de este mes un proceso de regularización que afecta a la totalidad de los bienes inmuebles del municipio con el objetivo de dar de alta aquellas construcciones que todavía no figuran en el padrón. El proceso, de obligado cumplimiento para el Concello, conlleva importantes cambios y repercutirán en muchos ciudadanos. Con la nueva legislación de Catastro se darán de alta y por tanto comenzarán el próximo año a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las granjas, establos que hasta ahora no estaban obligadas a hacerlo. Otro aspecto a tener en cuenta es que las construcciones localizadas en el rural fuera de un núcleo definido, es decir en diseminado, ya no podrán acogerse a la bonificación del 60% en el precio del recibo que aplica el ayuntamiento a los inmuebles que pagan el IBI de rústica.

Los concejales delegados del área de Facenda de Lalín, Francisco Vilariño y Teresa Varela, explicaron que este proceso de regularización será desarrollado por una empresa contratada por el gobierno central. En abril comenzaría el trabajo de campo y el nuevo padrón de bienes inmuebles estaría listo para finales del presente ejercicio. Varela indicó que Catastro dio a los municipios de plazo hasta este año para someterse a este proceso, que ya se completó en Vila de Cruces y Agolada. Una vez que Catastro finalice su trabajo, se abrirá un proceso de alegaciones. El mecanismo que emplea este organismo consiste en el uso de planos aéreos que se cotejan con la cartografía anterior y es ahí donde saltan las propiedades sin censar. Vilariño quiso aclarar a los ciudadanos que esta regularización supone que el particular al que se le atribuya una nueva alta deberá asumir el pago de una tasa de 60 euros. Si los ciudadanos acuden al ORAL a formalizar las altas de sus bienes antes de que Catastro lo haga de oficio estarían exentos de pagar. Los propietarios comenzarán a pagar por sus bienes sin registrar en 2017. Teniendo en cuenta que en Lalín existe una importante cantidad de explotaciones ganaderas, Vilariño quiso dejar claro que con esta ley sí tributarán, pero aclaró que el Estado aplicará un coeficiente impositivo diferente -más bajo- que los de una vivienda al uso. Y aclaró que hórreos o y pequeñas casetas sin cerrar vayan a ser incluidas.

¿Qué supone esta regularización para vecinos y Concello? Los datos resultantes del trabajo de campo dejarán a la vista viviendas o incluso edificios que hasta ahora no estaban dados de alta y por tanto no pagaban impuestos, así como las construcciones destinadas a explotaciones de ganados, que hasta la fecha estaban exentas del pago del IBI. Para la administración local serán más recursos, si bien el incremento por la recaudación es imposible de conocer hasta que Catastro acabe de hacer este proceso de regularización, que no de revisión. A los bienes sin registrar se le aplicarán los atrasos correspondientes de un máximo de cuatro años y esa liquidación llegará a las arcas municipales dentro de un año. Otros pagarán en función de la antigüedad de sus construcciones; de decir, un mínimo de un año y un máximo de cuatro.

Vilariño se mostró crítico con el anterior gobierno por haber aprobado una ponencia "con unos valores disparados". Prueba de ello, dijo, es que los bienes rústicos gozan de una bonificación del 60%, descuento que es ilegal aplicar a los de naturaleza urbana.