La peatonalización de las calles céntricas de Lalín y, sobre todo, el traslado al tramo inferior de la calle Colón de la parada de taxis que hay en la Praza da Torre centraron buena parte del pleno municipal celebrado ayer y retransmitido de nuevo por streaming. El concejal Francisco Vilariño, del BNG, puso fecha tope a la reubicación de los taxistas: El próximo 10 de febrero concluye el plazo dado a Movistar para cambiar la cabina y el cableado telefónico, así que "el 11 los taxistas van a estar en la nueva parada, que estamos convencidos de que los va a beneficiar a ellos y al pueblo", manifestó el concejal de Obras.

Vilariño defendió un "modelo de villa" como "centro de socialización, no de expulsión de los vecinos de los espacios públicos". Y aseveró que el traslado de los taxistas "no parte de un capricho", sino del hecho de que su presencia en la Praza da Torre "impide el desarrollo de la única zona peatonal propiamente dicha que tenemos y su puesta en valor". "Al escuchar a algunos parece que los mandamos para Donramiro, como ustedes les llegaron a proponer -manifestó el edil nacionalista como integrante del gobierno cuatripartito-. No van para una zona muerta, sino que van a tener más visibilidad y más tránsito en Colón, sobre todo con la puesta en marcha de la biblioteca". Aceptó la "legitimidad" de las críticas y de las firmas reunidas, si bien le restó valor cuantitativo, por suponer apenas el 2% del censo (400). Aseguró que hubo "diálogo" con los afectados desde el primer momento, tanto de forma colectiva como individual, y que fueron ellos mismos quienes escogieron Colón entre las alternativas que les brindaron. Por eso, Vilariño habló de "mentiras" y "argumentos falsos", como los problemas de accesibilidad. En este sentido, lanzó un mensaje a los propios autopatronos: "Solo hay un coche que cumple y tendrían que ser al menos dos para alcanzar el 5% que marca la ley". Tampoco se olvidó de la laxitud con que se aplica la normativa en el control de las licencias, puesto que hay 27 -llegaron a ser 49 hace años-, cuando no podrían rebasar las 20.

El portavoz del PP, José Crespo, acusó al ejecutivo de "hacer teatro" al llevar a pleno una cuestión que puede aprobarse en junta de gobierno. "Ningunean a los taxistas porque piensan que nosotros estamos detrás de ellos y no es así", indicó el exalcalde, que puso como ejemplo de buen hacer la creación de tres paradas en su mandato y la modificación de dos, "siempre con consenso". "No se les dio audiencia a las asociaciones del sector y a las de usuarios", denunció Crespo. "¡Como que no! Si pecamos de algo, que nunca se peca, fue de hablar de más con el sector", dijo Vilariño. "¡Lo que hay que oir, no todo vale!", apostilló el alcalde, Rafael Cuiña, que mencionó hasta tres reuniones con los taxistas: Una de Katia Procino, otra de él mismo en la parada el día de las elecciones (20 de diciembre) y otra en el despacho de la alcaldía con presencia de los cuatro portavoces del gobierno. Ese mismo día, poco después, llamaron al teniente de alcalde, Nicolás González Casares, para decirle que preferían Colón antes que la otra alternativa, Observatorio. Pero Crespo siguió en sus trece: "Estamos legitimados para cambiar la parada, pero les acuso de falta de diálogo".

"Los taxistas me dijeron quien del PP les asesoraba", zampó Cuiña, que aludió a una conversación telefónica entre un taxista y un concejal del PP de la que fueron testigos miembros de esta Redacción: "El diálogo con Antonio Rodríguez tuvo que ser muy interesante desde el punto de vista intelectual", espetó el regidor. "¡Por favor!", protestaron al unísono varios ediles del PP, indignados ante las "faltas de respeto" del regidor local. La moción salió adelante con el apoyo de los cuatro partidos del gobierno y entre las críticas de Crespo a su sucesor, a quien tachó de "auténtico dictador" porque "cierra los debates haciendo acusaciones que luego no permite rebatir".

El gobierno retiró una moción para la extensión de la zona azul al tramo de la Avenida de Bos Aires que discurre por delante del IES Laxeiro, algo que le había denegado al PP en verano. Así que Crespo los felicitó por su decisión de posponer este debate, "porque iban a llevar hasta en el carné de identidad".

Tampoco se votó una moción sobre la peatonalización que el PP presentó por urgencia, dado que "es un tema candente", y en la que pedía una encuesta previa. El cuatripartito hizo valer su mayoría para rehuir el debate y Cuiña emplazó a su portavoz a acudir a una reunión con los vecinos por este asunto el próximo martes, día 2.

Ambiente caldeado

El ambiente de la sesión ya había empezado a caldearse a propósito de una moción del gobierno para poner coto al uso partidista de medios públicos. Nicolás González Casares, teniente de alcalde, abrió el fuego: "Encontramos datos que nos llevan a darnos cuenta de que se hacía un uso partidista de medios públicos y que había retribuciones a empleados y personal de confianza para trabajar en campañas del PP de Lalín y del resto de la comarca". Una vez lanzada la acusación contra el anterior gobierno, abogó por "poner los medios para evitar que se vuelva a repetir". Por ejemplo, mediante la limitación del complemento de productividad a funcionarios, haciendo que sea la "excepción, no la norma" y que en período electoral no exceda el 10% de la media de los últimos seis meses.

"El revisionismo en ciertas circunstancias puede ser bueno, pero hay que llevarlo con cuidado -replicó José Crespo-. Pretenden embarrar el campo de juego, meternos un dedo en el ojo y después traen esta moción para perdonarnos la vida". El exalcalde proclamó tener "la conciencia tranquila" y conminó al actual ejecutivo a acudir a los tribunales si tiene pruebas en su contra. Aseguró que los documentos que le entregaron no prueban nada, al tiempo que advirtió de que "vulneraron la Ley de Protección de Datos" por haberlos divulgado públicamente. Dichos documentos contienen discursos y argumentarios utilizados por el PP tanto en Lalín como en otros concellos -caso de Silleda o Agolada- en campañas electorales de hace unos años. El gobierno sostiene que en las "propiedades" informáticas de los archivos consta que fueron redactados por personal de confianza de Crespo. En cambio, este afirma que fueron remitidos a la alcaldía desde fuera para temas de agenda y que, simplemente, quedaron guardados en los ordenadores municipales.

"No tenemos nada que decir de la moción. Cuentan con nosotros para hacer un código de buenas prácticas, como se recoge ya en la Ley de Transparencia, por cierto, en cuyo desarrollo habría que ir trabajando", ofreció el portavoz del PP. "Emplear recursos públicos para una campaña electoral puede ser demasiado grave", terció Lara Rodríguez Peña, edil de A Plataforma Aberta Cidadá (APAC). Casares tiró de "datos", como los 800.000 archivos que había en los ordenadores del anterior departamento de prensa el 23 de mayo de 2015, víspera de las elecciones, y habían desaparecido cuatro días después. A pesar de este "borrado masivo", muchos documentos pudieron ser recuperados gracias a las copias de seguridad que quedan en el servidor central, y en ellos figura "la fecha de creación y la autoría". Crespo volvió a negar este extremo: "Mandé a analizar el pendrive que me dieron y solo hay archivos que fueron abiertos en el Concello, pero no consta la autoría". Y preguntó: "Cree que le íbamos a hacer desde aquí discuros al alcalde de Agolada?". Rafael Cuiña le respondió: "Si, estuve muchos años en su partido y sé como funcionan".

"Ustedes entraron como elefante en cacharrería y no respetaron los procedimientos legales", replicó el exregidor, al tiempo que indicaba que, al descubrir los polémicos documentos, deberían haber comunicado al secretario la apertura de un expediente y darle audiencia a él, como principal afectado. En vez de eso, "los entregaron a la prensa y vulneraron la ley". En cualquier caso, se mostró dispuesto a "responder de lo que hicimos, porque estamos muy orgullosos y se adapta a la ley", sentenció un Crespo que pidió a sus sucesores "que gobiernen", en lugar de "pretender pasar por encima de la oposición, que tenemos bastante representatividad (45% de lo votos)".

"Nosotros nos comprometemos a no hacer un borrado masivo de los ordenadores cuando dejemos de ser gobierno. Para hablar de ética, lo primero es tenerla", zanjó Cuiña el debate. El cuatripartito aprobó en solitario su moción, pues el PP se negó a votarla porque el alcalde no concedió un nuevo turno de palabra a su portavoz para explicar su posicionamiento.

El PP se interesó por el informe que solicitó en julio del año pasado sobre la situación económica del Concello a 13 de junio, cuando se produjo el traspaso de poderes. Teresa Varela, edil de Hacienda, negó que hubiese interés en retrasarlo y se comprometió a presentarlo en el próximo pleno. De hecho, el cuatripartito respaldó la moción popular.