En mayo de 2014, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que daba la razón a los propietarios de terrenos rústicos que se recalificaron como urbanos pero que nunca llegaron a urbanizarse y que reclamaban al Ayuntamiento de Badajoz seguir pagando el IBI rústico. En virtud de este fallo judicial y de la modificación de la Ley Hipotecaria y del Catastro Inmobiliario -en vigor desde noviembre-, algunos concellos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes ya han hecho trámites para que vecinos que pasan por circunstancias similares tengan una rebaja en este tributo.
Es el caso de Lalín y Vila de Cruces. El primero tiene terrenos urbanizables sin desarrollar en la circunvalación, frente a Donramiro, así como fincas en el polígono Lalín 2000 que fueron expropiadas hace unos seis años, que pasaron a ser de naturaleza urbana pero de las que no pueden disponer sus dueños pese a que no se ha hecho ninguna actuación en ellas. El cuatripartito ya ha realizado algunas gestiones ante Catastro. En cuanto a Vila de Cruces, es uno de los 40 concellos de Galicia que en diciembre solicitó la revisión para que Catastro calcule los nuevos valores de esas fincas que, pese a estar sobre suelo urbano, no tienen aprobado ningún planeamiento urbanístico y carecen tanto de calles como de la red de suministro de agua o luz. El alcalde, Jesús Otero, explica que se trata de parcelas en las afueras del casco urbano "para las que no hay visos, a medio plazo, de desarrollo", visto que no existe demanda de vivienda nueva en el núcleo cruceño. Pero también se verán beneficiadas de esta revisión catastral algunas parcelas del polígono de O Camballón, sobre el que tampoco se registran demandas de nuevas empresas. "Teníamos la oportunidad de acogernos a la nueva ley y decimos aprovecharla", apostilla el regidor.
Cruces, al igual que Silleda, también está tramitando su Plan Xeral de Ordenación Municipal. Pero en Trasdeza no se da la circunstancia de solares que tributen como tales aunque carezcan de servicios, sino que ocurre todo lo contrario. El regidor, Manuel Cuiña, señala que "los cascos urbanos de Silleda y de A Bandeira están totalmente urbanizados, al igual que la ampliación del polígono industrial", con la salvedad de una finca que está catalogada como suelo urbanizable por un error administrativo pero que, en realidad, se quedó fuera del parque industrial. Este error ya se está tramitando para ser corregido. Sí hay, en cambio "calles urbanizadas fuera del casco, y fincas rústicas con servicio de solar, como ocurre en la calle Pintor Colmeiro". Estas cuestiones se resolverán una vez que se apruebe de forma definitiva el nuevo PXOM.
Rodeiro, como Silleda, carece de fincas urbanizables sin desarrollar. En este caso, el Plan de Urbanismo entró en vigor ya en 2009, y frenó las pretensiones de muchas fincas que se habían comprado en el casco urbano con la intención de ser urbanizadas. El documento marca que un suelo urbanizable ha de tener una fachada de 16 metros, "y tenemos varios ejemplos que se quedan en los 12", señala el alcalde, Luis López. Esta falta de suelo urbanizable motivó, sobre todo entre los años 2005 y 2012, que muchos vecinos decidiesen comprar un piso o bien en Lalín o bien en Chantada. Ahora, algunos de esos "solares" están cubiertos de maleza.
Agolada y Dozón, por su parte, siguen a expensas de las normas subsidiarias en tanto no se aprueben sus planes urbanísticos, estancados desde hace años. En el caso de Agolada, el teniente de alcalde, Héctor Martínez, señala que "no nos planteamos nada hasta tener el PXOM aprobado, aunque la mayoría del suelo aparece calificado como rústico". Incluso la ampliación del polígono industrial se haría en el monte, hacia Melide.
