Los grupos políticos de la corporación lalinense aprobaron por unanimidad un abaratamiento en el prohibitivo peaje de la autopista que conecta Santiago de Compostela con la comarca dezana. La iniciativa fue defendida por el edil del gobierno local Francisco Vilariño y contó con el respaldo del grupo del PP, quien planteó una enmienda que fue respaldada por el ejecutivo que preside Rafael Cuiña. La propuesta inicial dirigía esta reivindicación a Xunta y Ministerio de Fomento, pero el portavoz popular, José Crespo, sugirió que el acuerdo plantease instar al Gobierno central a transferir la AP-53 a la Xunta y que luego la administración autonómica tomase medidas para abaratar estas tarifas. Y así se hizo.

Francisco Vilariño fue el encargado de defender la posición del ejecutivo local en una sesión en la que gobierno y oposición fueron de la mano esta y otras cuestiones. Cuiña ya había dicho el problema de la carestía de la autopista debe estar por encima de intereses o jugadas políticas. "Se pide lo que entendemos justo, sin echar la culpa a nadie", declaró. Vilariño había hecho antes un amplio repaso por la situación de la vía de alta capacidad, citando que desde su puesta en marcha -hace algo más de una década- los precios se incrementaron en más de un 70%.

Destacó que debía ser la única autopista estatal sin bonos para usuarios habituales, que la N-525 no supone una alternativa real y censuró la "especulación" y "usura" que representa la venta de la totalidad del accionariado de Globalvía a un consorcio internacional formado por tres empresas. Las entidades que gestionan fondos de pensiones OPSEU Pension Trust (OPTrust), PGGM y Universities Superannuation Scheme Ltd. (USS), que alcanzaron un acuerdo con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Bankia para adquirir la totalidad de las participaciones de Globalvía Infraestructuras SA por unos 420 millones de euros. Es decir, estas tres entidades con sede en Canadá, Holanda y Gran Bretaña controlan, con el 61% del accionariado, la AP-53.

Crespo recordó que el problema de la autopista surgió cuando fue construida al negarse en entonces Ministerio de Fomento "de mi partido" a asumir la totalidad de la financiación para la obra y fue preciso que la Xunta aportase a fondo perdido 60 millones de euros. La misma cantidad puso encima de la mesa Fomento, pero no solo a reintegrar, sino además con los intereses generados durante el período de concesión. Y esta cantidad ni antes ni ahora, parece, que Fomento está dispuesto a condonar." Lo que urge es una solución política, porque además es injusto que paguemos el tramo hasta Dozón si se sale en Lalín por kilómetros que no recorremos", reiteró Vilariño, quien mostró las tarifas que entraron en vigor el 1 de enero, en las que solo baja 5 céntimos el tramo Santiago-Silleda. "Ahora, en el Senado, algo intentaré hacer", dijo Crespo. "Sí, lo que no hizo en 25 años y las pancartas que había contra el peaje eran suyas", espetó el teniente de alcalde, Nicolás González Casares. "Lo que está claro es que en asuntos como este tenemos que ir todos de la mano y como Silleda y Santiago se van a sumar a estas iniciativas, también creo que lo hará el Concello de Vedra", dijo el alcalde.

Por otro lado, también por unanimidad se aprobó la solicitud a la Xunta de construcción de sendas peatonales entre las parroquias de Donramiro y Moneixas y de Botos a Soutolongo. El edil popular José Antonio Rodríguez supeditó el apoyo de su grupo a que en caso de que la administración autonómica no realizase este proyecto, fuese asumido desde el Concello. "Claro, son carreteras de la Xunta, pero las obras las hace el Concello. ¡También podemos asumir la rebaja del peaje de la autopista!", exclamó Casares. Al final salió adelante, pero Crespo lanzó un aviso a navegantes. Consciente de que la Diputación provincial no está ahora en manos de su partido, su grupo tendrá en la recámara demandas casi constantes al organismo presidido por Carmela Silva.

La unidad territorial de España también fue objeto de debate con una moción de partido del PP contra la independencia de Cataluña, cuestión replicada por el alcalde al indicar que quizá el salón de plenos de Lalín no es el foro más adecuado para hablar de estos asuntos y se votó en contra. Cuiña dijo sentirse federalista, algo aplaudido por Crespo, quien insistió en que una posible independencia de los catalanes repercutiría negativamente en Galicia. Crespo celebró que el alcalde se declarase federalista y Cuiña, en otro debate, dijo defender las tesis de fusión de municipios planteada por el exregidor años atrás. Cuando se mencionó el problema demográfico, el mandatario respaldó la unión de municipios y dijo que en la actualidad concellos como el de Dozón no tienen sentido de ser.

En otro orden de cosas, los populares volvieron a interesarse por la puesta en marcha del Centro de Xestión e Coñecemento Arqueolóxico del Pazo de Liñares. Su portavoz recordó que la Diputación no solo debía enviar con urgencia al personal "que tienen en un zulo en el Museo de Pontevedra" sino que está obligada a asumir una parte proporcional del mantenimiento de este servicio y también del Centro Virtual dos Castros del consistorio. "Se dijo que el problema era una conexión a Internet, pero al menos podían haber enviado a los dos arqueólogos para que fuesen realizando trabajos de inventariado". Casares explicó que la demora se debió a que se precisa una autorización municipal para que camiones de gran tonelaje puedan traer desde Pontevedra los vestigios que serán estudiados en Liñares, pero que en todo caso el proceso de traslado de este material y el comienzo de la actividad del centro arqueológico está previsto para el próximo martes. Y que los dos contratados por la Diputación estuvieron en el museo provincial y luego aprovecharon para coger vacaciones. "Solo pido que en el centro arqueológico, el museo y el vivero de empresas no les metan un gol, porque la Diputación tiene que asumir unos gastos que están en torno a 300.000 euros". Y retomó la puesta en marcha de espacio científico de Liñares para recordar que los primeros restos que iban a ser inventariados y catalogados eran los del Castriño de Bendoiro. Luego admitió que las piezas del hallazgo debían estar todavía en manos del Adif.

Por unanimidad se aprobó el preceptivo acuerdo plenario para que la Xunta tome en consideración la catalogación de la Festa da Malla de Codeseda como evento de interés turístico de Galicia. Los populares volvieron a insistir en que la emisora municipal retransmitiese los plenos -el de ayer fue el segundo que se pudo ver en directo por Internet- además de poner en marcha el portal municipal de transparencia. Cuiña dijo que su gobierno no va tolerar lecciones en este sentido y que el portal público sobre aspectos relativos a la gestión pública ya estaba previsto ponerlo en marcha hace tiempo.

El estado de la tramitación como Espazo Natural de Interese Local (ENIL) de la Fraga de Casas Vellas fue otro de los asuntos por los que se interesó el PP. La edil de Medio Ambiente, Celia Alonso, contestó que se estaba informando a los propietarios de este entorno de Catasós sobre lo que significa este nivel de protección, pues algunos todavía no lo tenían claro. "A este paso esta declaración va a llegar para el siglo XXII", espetó Crespo, ante la sonrisa de la concejala, que, formó parte de la plataforma Salvemos Catasós. A Alonso también se dirigió el concejal del PP Antonio Rodríguez para preguntar por las gestiones realizadas ante la Xunta para evitar el desbordamiento del regato Mosqueiros en Bendoiro. Ésta dijo que se estaba elaborando un informe técnico, cosa que no había hecho el anterior gobierno. Crespo preguntó por qué se había negado el uso de un espacio público al colectivo Medrar 2.0. Cuiña le indicó que la asociación presidida por Elena Buceta, "persona contra la que no tengo nada, sino a la que le estoy agradecido", pidió el recinto cuando ya había sido reservado ese día para otro acto.