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Inmuebles de titularidad pública

Xunta y Fomento mantienen en Lalín casi una veintena de viviendas de camineros vacías

En el bloque de casas de Donramiro viven, desde hace años, solo cinco familias - Los edificios acusan en sus fachadas el desgaste del tiempo - El Concello tramitó hace años, sin éxito, su cesión como pisos protegidos

Una antigua apisonadora, icono de la urbanización. // Bernabé/Luismy

Conocidas popularmente como las antiguas casas de los camineros, los cuatro bloques de viviendas situadas en Donramiro, en las proximidades de la Avenida da Romea, acusan el paso del tiempo, algunos de ellos sin inquilinos durante décadas. En la actualidad, de las 24 viviendas que conforman la urbanización solo cinco inmuebles están habitados, el resto lleva años vacías. La Xunta y el Ministerio de Fomento se dividen a partes iguales la titulariedad de la urbanización. Cada organismo dispone de una docena de viviendas, dos bloques de seis pisos. Entre sus vecinos se encuentran dos operarios de la Unidad de Carreteras, aún en activo, así como un trabajador ya jubilado. Además, otra de las viviendas está ocupada puntualmente por personal de la lucha contra incendios, como apuntan los residentes.

El paso del tiempo desgasta los edificios que reclaman, ya con una simple vista de sus fachadas, una rehabilitación urgente. La falta de mantenimiento por parte de los organismos públicos a lo largo de estos años provoca que sea fácil encontrar descorchones en cornisas y balcones o el desgaste de las maderas de ventanales, contraventanas o puertas. También las fachadas acusan el arrecio de los inviernos. En su interior, los problemas más graves se centran, sobre todo, en las viviendas que llevan años vacías, tal y como apuntan algunos de los residentes. Las habitadas soportan el paso del tiempo de mano de sus inquilinos.

Casi una veintena de estos inmuebles permanece vacío en la actualidad. Hace una década el Concello solicitó a ambas administraciones la cesión de los edificios con la intención de rehabilitarlos. Una acción comprendida en el marco de un proyecto más amplio que buscaba construir en la parcela adyacente, con unos 14.000 metros, otras tantas viviendas, todas ellas calificadas de promoción pública. Una iniciativa que pretendía suplir la carencia, por aquel entonces, de viviendas protegidas en el municipio. Si bien, dos años más tarde, en el 2007, el Ministerio rechazaba convertir estas viviendas en pisos sociales. Alegaba que parte de sus viviendas estaban ocupadas y que necesitaba disponer del resto para el personal de guardia y retenes. Indicaba, asimismo, que precisaba disponer de la parcela aledaña, aún hoy en funcionamiento, como nave de maquinaria y almacén de sal. Así una década después continúan vacías.

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