La Guardia Civil de Lalín dejó el libertad con cargos a los dos socios y a una empleada de la empresa Prosem. Los hermanos Carlos L.A. y José Antonio y la esposa de éste están acusados de estafa y falsedad en documento público en relación a un presunto fraude en la organización de cursos de formación financiados con fondos públicos.

En un comunicado oficial, la Comandancia de Pontevedra explica que en la mañana de ayer los tres fueron detenidos tras las investigaciones realizadas por la Agencia Tributaria y el Juzgado Número 1 de Lalín y un día después del registro practicado en las oficinas de la compañía por un equipo de la Policía Judicial. No obstante, los investigados llegaron pasadas las 13.00 horas al cuartel de la capital dezana acompañados de su abogado para prestar declaración. Una hora después se fueron a sus domicilios ya conociendo los cargos que se les atribuyen. José Antonio y su hermano Carlos son las caras visibles de una sociedad en la que también trabaja la mujer del primero. Llegaron al acuartelamiento a pie -no esposados ni en un vehículo oficial- y durante la hora que permanecieron en el cuartel, citados por la Policía Judicial se acogieron a su derecho a no prestar declaración. Fuentes próximas a los arrestados afirman que los tres se han comprometido a comparecer ante el juzgado de Lalín cuando le sea requerido y su letrado ha anunciado que se personará en el caso "a la mayor brevedad posible" para solicitar una copia de la documentación relativa al mismo y poder así "conocer con detalle los hechos que se les imputan". El letrado penalista Juan Pablo Lerena Rivas asumió la defensa de los arrestados.

La Benemérita concreta que la investigación dio comienzo el pasado mes de marzo y fruto de las indagaciones realizadas se pudo confirmar la presunta responsabilidad penal que también tendrían "numerosas empresas de todo tipo de sectores de las cuatro provincias gallegas, que serían las beneficiarias del fraude de las subvenciones". Así, los detenidos actuarían en connivencia con firmas multidisciplinares que operaban en Galicia. Supuestamente se pactarían la organización de cursos de formación subvencionados por la Xunta y la Unión Europea que luego, en casos, ni siquiera llegarían a celebrarse. La Guardia Civil enmarca estas actuaciones dentro de la denominada operación "QATEDRA" y las investigaciones no solo no se han dado por finalizadas, si no que permanecen abiertas y se esperan nuevas detenciones.

En el registro de anteayer en las oficinas de Prosem de la Avenida Bos Aires de Lalín los agentes se incautaron de una docena de ordenadores, discos duros, un servidor de numerosa documentación y archivadores de documentos en papel que están siendo analizados. Todo el material fue depositado en el cuartel a la espera de que estas pruebas se incorporen al caso que lleva la titular de la sala lalinense Carmen Riveiros.

A la espera de ver el alcance de esta operación, el instituto armado admite que habrá más detenciones, si bien no han trascendido si estos arrestos serán de personal de Prosem o de empresas que supuestamente colaborarían con la firma dezana en la simulación de cursos formativos para los que se recibían subvenciones públicas sin cumplir sus objetivos. Entre las firmas a las que Prosem ha prestado sus servicios de asesoramiento para la organización de seminarios hay algunas de la comarca por una cuestión razonable de proximidad. Por el momento no ha trascendido la identidad de estas "numerosas" empresas repartidas por la geografía gallega de todo tipo de sectores que serían beneficiarias del fraude de las ayudas públicas.

Este caso se está llevando con hermetismo. Un comunicado de la Guardia Civil sobre la detención de los socios de Prosem y la esposa de uno de ellos fue la única información oficial ofrecida en un caso que fue asumido por su dimensión por la unidad de la Policía Judicial de Lalín. Mientras, desde el juzgado instructor se reconoce que la investigación "va para largo". Desde esta sala se autorizó anteayer el registro de la sede de Prosem a instancias de los agentes y será ahora el instituto armado quien maneje los tiempos para dar por rematadas detenciones e investigaciones y que el caso sea instruido por el juzgado.