La demanda planteada por el exportavoz municipal del PSOE de Vila de Cruces, Javier Castelo, contra el Concello por supuestas represalias políticas contra él como funcionario local ha quedado vista para sentencia. El juicio se celebró ayer en la sala segunda del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra con presencia del propio Castelo, un testigo que acreditó "el sitio y las condiciones" en las que trabaja y la abogada municipal.
Cuando dejó su cargo de concejal y pidió la reincorporación a su puesto de trabajo, Castelo fue destinado a una oficina situada en el Campo da Feira. Entiende que su ubicación allí responde a una "represalia política" por parte del alcalde, Jesús Otero, que pretende mantenerlo alejado de las oficinas principales. El funcionario -del grupo C1-, que lleva en su nuevo destino desde que se reincorporó -el 26 de marzo de 2013-, exige volver a las oficinas del consistorio, en donde había desempeñado su labor antes de presentarse a las elecciones locales como contrincante del alcalde, Jesús Otero.
El exconcejal socialista lamenta que en Vila de Cruces se siga persiguiendo a la gente por sus ideas políticas y, recordando que un tío de su padre que era maestro fue fusilado en Roxos por el franquismo, subraya: "Es triste que hoy en día, tantos años después, tenga que sufrir una represión que me está costando la salud". "Mis condiciones laborales no son ni mucho menos las adecuadas, no se las deseo a nadie", apostilla, y habla de "ruido, malestar, olores, falta de luz...". Y añade que ni siquiera le dan tareas: "El 90% de la jornada estoy sin ocupación", denuncia.
La representante legal del Concello se ratificó en los argumentos que ya había dado en su día el gobierno cruceño para denegar el recurso de Castelo: Que no hay persecución ideológica.
