En febrero el Valedor do Pobo publicó el informe Los derechos de las personas con discapacidad intelectual en Galicia. Motivos no le faltan, porque buena parte de las quejas remitidas desde las comarcas se refieren a la demora en la concesión del Servizo de Axuda no Fogar (como ocurre con una vecina dependiente de A Estrada) o a la necesidad de un transporte adaptada para otra persona discapacitada de Lalín, que reside en un centro de Betanzos pero que visita cada 15 días a sus padres, de avanzada edad. Atiende, también, casos de ilegalidad urbanística en los que se pone en entredicho el proceder del concello, como una queja de una mujer de Soutelo de Montes (Forcarei) por la construcción de un garaje y un galpón en la parcela de un vecino.