Los gobiernos de Lalín, Vila de Cruces y Silleda han desestimado su adhesión a un programa de la Xunta para la instalación de sistemas de videovigilancia en los polígonos industriales. Este mecanismo es una vieja reivindicación del empresariado, sobre todo para prevenir posibles robos, y sí funciona en el parque de Silleda.
Los ejecutivos de los tres concellos dezanos deciden echarse atrás y rechazar la propuesta de la Consellería de Industria, una vez que la orden inicial preveía que la administración autonómica haría frente al 95% del presupuesto de cada circuito de cámaras. Así lo establecía una normativa de la consellería en casos de que varios ayuntamientos concurriesen a las subvenciones de forma conjunta. Pero ahora, los concellos conocen a través de la Xunta que la transferencia económica solamente estaría en torno al 60%. En el otro escenario, los tres municipios, dependiendo de la dimensión de los polígonos, tendrían que hacer frente a cuantías que oscilaban entre los 2.000 y 5.000 euros, cantidades ahora insuficientes.
Al margen de la decisión de los ejecutivos, adoptada por los tres en sus juntas de gobierno, la instalación de cámaras de vigilancia fue al menos en Lalín motivo de varias reuniones de la patronal dezana. Los empresarios radicados en los polígonos Lalín 2000 y Botos plantearon la conveniencia de contar con estos dispositivos para prevenir robos que. En varias ocasiones las naves de estos recintos fueron asaltadas por bandas organizadas que aprovechan la imposibilidad de que las fuerzas de seguridad vigilen todo el territorio -al disponer de una plantilla de efectivos justa- para robar en las empresas. El cable de cobre es otro de los objetivos de los ladrones, que sustrajeron en polígonos y otros espacios públicos de la zona en numerosas ocasiones.
Además de controlar los movimientos de posibles asaltantes, las cámaras sirven para detectar carreras ilegales, que también, aunque han mermado por la presión policial, también son frecuentes en estas zonas.
Silleda
El único municipio dezano que ha apostado por la instalación de este sistema de seguridad es Silleda. El gobierno se acogió a una orden de la Xunta el año pasado y desde febrero el polígono Área-33 cuenta con este mecanismo, consistente en seis cámaras, que están conectadas a la Policía Local. El circuito costó 28.894 euros, de los que 26.000 fueron aportados por la administración autonómica.
