La realización de exámenes de conducir en la capital dezana tendrá que esperar. Después de años de peticiones desde el gobierno local, atendidas con más celo si cabe desde el nombramiento de Antonio Coello como subdelegado del Gobierno en Pontevedra, el representante del ejecutivo central admitió ayer en Lalín que la Dirección General de Tráfico (DGT) no tiene entre sus prioridades este servicio.

Coello defendió la propuesta del alcalde, José Crespo, si bien apuntó que "los recortes" que se están acometiendo en todos los departamentos estatales frena, al menos a corto o medio plazo, que Lalín cuente con un servicio que había sido respaldado por las autoescuelas locales. El subdelegado reiteró su disposición a seguir "insistiendo" para que una "petición que es razonable" pueda cuajar en el futuro. Coincidió con el mandatario en que la localidad cuenta con todos los requisitos necesarios para que se puedan realizar los exámenes de conducir, tal y como ocurre en otras localidades de menor dimensión como Monforte de Lemos, pero por ahora no cabe esta posibilidad.

El alcalde recordó que esta prestación podría beneficiar al conjunto de vecinos de una comarca que está a una hora por carretera de Pontevedra y, si bien entendió las razones por el actual contexto económico, avisó que sería "persistente" en esta petición. En todo caso agradeció el papel mediador de Antonio Coello en este asunto, sobre el que el subdelegado recordó que el anterior gobierno mantuvo "guardado en un cajón", en referencia a las demandas del alcalde a otros cargos que lo precedieron.

La dotación de un puesto principal de la Guardia Civil -también abordado por Crespo desde hace tiempo- ni siquiera se mencionó. Los recortes mencionados por Antonio Coello frenan también por ahora la posibilidad de ampliar el servicio de expedición del DNI. En este caso, el mandatario local avanzó una posibilidad para optimizar los recursos existentes de la Policía Nacional, que se desplaza una vez al mes para tramitar las demandas. Así, planteó la opción de priorizar la expedición de los documentos oficiales a los mayores de 65 años en caso de que se superen la media de 30 reservas mensuales. Las razones se deben a que estas personas tienen más problemas para desplazarse a las comisarías de Santiago de Compostela o Pontevedra para realizar las gestiones que el resto de los ciudadanos.