Pontevedra registra veintitrés interrupciones voluntarias de embarazo (IV) cada semana o tres al día, hasta sumar un total de 1.178 , de las 4.140 practicadas en el conjunto de Galicia, según recoge el último registro actualizado (2011) del Servicio Galego de Saúde.
Los datos cruzados del Sergas y del Ministerio de Sanidad constatan como el avance de la crisis y el paro tiene su reflejo en el aplazamiento de la maternidad y el aumento del número de abortos. Desde el 2008 hasta concluido el 2011, es decir cuatro años después, el número de interrupciones voluntarias del embarazo contabilizadas en la provincia se incrementó un 24,7%, al pasar de los 944 intervenciones del año de arranque de la actual debacle económica y laboral a las 1.178 del último balance certificado.
El salto más significativo se produjo en el bienio 2008-2009 y desde entonces se mantiene un nivel superior a las 1.100 intervenciones lo que distintos colectivos de mujeres y sindicatos vinculan al miedo de las mujeres a perder el empleo, cada vez más escaso y más precario o a frustrar posibles contrataciones por el embarazo.
En este contexto son muchas las mujeres, y las pontevedresas no son una excepción, que en una decisión personal y respaldada o no por su pareja o familia, deciden abortar por razones laborales. Con la ley de salud sexual, reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo del 2010 (Ley orgánica 2/2010) todavía vigente las mujeres no tienen que dar explicaciones ni justificar ante terceros el porqué de su elección siempre que el aborto se practique antes de las catorce semanas de gestación.
Relación
La relación entre trabajo y maternidad quedaría de manifiesto en el desglose por edades del registro IVE de Pontevedra, en el que en sus últimos datos se refleja que 474 pontevedresas que decidieron interrumpir la gestación, el 40,2% del total, tenían entre 30 y 39 años.
Preocupa especialmente a los responsables de los centros de orientación familiar, el gran número de embarazos o posibles embarazos no deseados entre adolescentes y mujeres jóvenes que, si bien, mayoritariamente se atajan con la píldora postcoital no impide que en el último registro del IVE de la provincia haya seis abortos de menores de 16 años y 101 interrupciones voluntarios del embarazo de jóvenes de entre 16 y 19 años.
El escenario del IVE, una prestación que asume con mayor o menor entusiasmo la sanidad pública, cambiará radicalmente si la modificación anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón -y contestada por numerosos grupos feministas y de mujeres y hasta dentro del propio Partido Popular- sale adelante.
Es su intención, y así lo ha hecho público, anular la ley de plazos socialista para imponer una nueva legislación incluso más restrictiva que la del año 1985 que solo permitía abortar en tres supuestos: violación, grave riesgo para la vida o la salud psíquica de la embarazada o por graves taras físicas o psíquicas del feto. Este último supuesto no lo considera en aras de la protección de los discapacitados.
